El Consejo de Ministros ha aprobado la segunda parte del Plan MOVES, denominado MOVES Proyectos Singulares, destinada a apoyar iniciativas innovadoras para la gestión integrada de la movilidad en el ámbito urbano, y a poner en marcha desarrollos experimentales relacionados con los vehículos eléctricos.
Dotado con 15 millones de euros, forma parte de los 60 millones que anunció el Ejecutivo en febrero para acciones orientadas a la movilidad sostenible de los que 45 fueron repartidos entre las diferentes Comunidades Autónomas para incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, así como implantar planes de transporte en los centros de trabajo. Desde el Ejecutivo se señala que “el programa responde a la necesidad de impulsar iniciativas que faciliten la adaptación de la movilidad a los compromisos de España en materia de lucha contra el cambio climático y mejora de la calidad del aire."
MOVES Proyectos Singulares tendrá dos líneas de actuación. Por un lado, tal y como señalan apoyar “proyectos integrales que reconsideren los modos en los que la ciudadanía se mueve en los entornos urbanos a través de la combinación de diferentes de modos de transporte, la recuperación de espacios públicos dedicados al coche, la disminución de emisiones contaminantes, el uso de energías renovables y la mejora de la accesibilidad y el aumento de la calidad de vida urbana."
Por otro, estimular la innovación “en el ámbito de la electromovilidad debido a sus beneficios en materia de diversificación energética y disminución de la dependencia de los productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o de agentes contaminantes, como el dióxido de nitrógeno o las partículas."
Podrán optar a las ayudas, gestionadas por el IDAE (Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía) Administraciones Públicas, entidades gestoras de movilidad y transporte urbano, centros de investigación, universidades y empresas. Será en régimen de concurrencia competitiva y el plazo para cursar la solicitud expira dos meses después de que la convocatoria sea publicada en el BOE. Una vez otorgadas, los beneficiarios dispondrán de un plazo de 18 meses para la ejecución de las actuaciones.
