En septiembre de 2015 se destapó el escándalo de las emisiones del Grupo Volkswagen que pronto se conoció como el Dieselgate. Fue la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos la que constató que el consorcio alemán había instalado en varios de sus modelos (se habla de 11 millones de unidades) un software en motores diésel para alterar los resultados en los controles de homologación de coches vendidos entre 2009 al 2015.
Al año siguiente la OCU comenzó un procedimiento judicial en Madrid para que se indemnizara a los afectados en España que representan, pero la Audiencia Provincial consideró “que ese fuero no era jurisdicción competente” obligando al organismo que defiende el interés de los consumidores a volver a repetir el proceso en Barcelona.
Y precisamente hoy en la capital catalana en el juzgado de lo Mercantil Nº 2 se ha celebrado la audiencia previa de la demanda colectiva liderada por la OCU para más de 7.500 consumidores en la que se piden 22 millones de euros como compensación por la instalación de este software.
Según nos han informado desde OCU, Volkswagen “ha puesto de manifiesto una vez la impasividad para llegar a un acuerdo que pusiera fin al proceso”. De esta manera, y tras resolver una serie de cuestiones previas y admitir una serie de pruebas, el juez ha dictaminado que el próximo 22 de octubre de 2024 se celebrará la vista oral para seguir con el procedimiento judicial.
Otro aspecto que nos han querido denunciar por parte de la OCU es que “se ha tenido un diferente trato con los afectados a nivel mundial. Se ha indemnizado a consumidores de Estados Unidos o ha llegado a acuerdos en Alemania, Australia e Italia, pero entre otros territorios como el nuestro, Bélgica o Portugal está obligando a acudir a los tribunales”. Pero añaden más, “esta actitud de Volkswagen se ha visto favorecida por la inmovilidad absoluta de las diferentes administraciones en España, que no han sancionado a la empresa a pesar de que esta ha reconocido de forma abierta la manipulación de las emisiones y el engaño a millones de consumidores”.
Mientras se espera para que comience el juicio oral, desde OCU esperan que a pesar de los años transcurridos la justicia finalmente reconozca sus derechos a los más de 7.500 consumidores, pese a “lamentar el plazo excesivo en la resolución del procedimiento y espera que, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se agilicen las acciones colectivas en los casos de fraudes masivos”.
