El escándalo del “Dieselgate” sigue dando que hablar, una auténtica crisis para el seno del Grupo Volkswagen que se desató en septiembre de 2015, cuando uno de sus máximos dirigentes en Estados Unidos admitió públicamente y a la prensa que su grupo automotriz no había actuado lícitamente con muchos de los vehículos diésel que habían estado comercializando las marcas del grupo durante ese año y anteriormente.
El ya conocido fraude de los motores diésel del Grupo VW (el propio gigante automotriz e investigaciones posteriores demostraron que varios millones de vehículos con motores de gasóleo usaron de forma ilegal un software que “falseaba” las emisiones de los coches cuándo éstos eran sometidos a pruebas de laboratorio de medición/homologación) ha pasado durante todos estos años por diversos estamentos europeos y por varios tribunales de justicia de todo el mundo. En esta ocasión ha sido la propia Unión Europea a través de su órgano de Gobierno, la Comisión Europea, la que ha instado al Grupo VW a indemnizar a todos los propietarios de los vehículos comercializados con ese software ilegal.
Al respecto, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha recalcado lo siguiente: “Hace seis años desde que estalló el 'dieselgate' y no todos los consumidores han sido indemnizados. Ha habido sentencias que muestran el trato injusto a los consumidores de parte de Volkswagen, que no quiere trabajar con las organizaciones de consumidores para hallar soluciones adecuadas".
Reynders y la Red de Centros Europeos de Consumidores han emitido un comunicado conjunto en el que reclaman al gigante automotriz que “no sólo los residentes alemanes deben ser” indemnizados, sino que el resto de conductores europeos afectados por dicho fraude también deben recibir la correspondiente compensación.
Varias organizaciones de consumidores europeas junto a varios tribunales de justicia han venido reclamando al Grupo VW dichas indemnizaciones durante los últimos años. Tanto la UE como otras autoridades de nuestro continente en materia de consumo afirman que el gigante automovilístico ha incumplido las normas comunes en materia de protección del consumidor, ya que vendieron como legales vehículos diésel que montaban sistemas ilícitos o no permitidos.
