La batalla entre el Ayuntamiento de Madrid, los diferentes Tribunales y los afectados por las multas de las Zonas de Bajas Emisiones de la capital continúa un capítulo más. Porque, aunque el Consistorio sigue acumulando sentencias en contra, no parece que esté preocupado por devolver el importe de las sanciones que ha quedado claramente demostrado que fueron puestas de manera ilegal.
Y tal como recogen nuestros compañeros de El País, ha sido la propia vicealcaldesa, Inma Sanz, la que ha indicado que la jurisprudencia les impide dar un carácter retroactivo a las sentencias que han acumulado, pese a que el Tribunal Supremo ha rechazado, la semana pasada, el último recurso del Consistorio contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Como te hemos venido contando en Autopista, todo este problema comenzó en 2024, cuando el TSJM anuló varios artículos de la ordenanza municipal que regulaban las Zonas de Bajas Emisiones de la capital, tras un recurso presentado por el partido político Vox. Y es que como no era una sentencia firme, desde el Ayuntamiento continuaron aplicando sanciones de forma indebida.
Inma Sanz no ha sido la única integrante del Ayuntamiento de Madrid que se ha negado a una posible devolución de las multas. También Borja Carabante, desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha señalado que los servicios jurídicos están analizando caso por caso qué hacer con las sanciones, lo que suena a una nueva estrategia para poder librarse de tan alto desembolso.
Esta posición está totalmente en contra de lo que defienden en Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Esta organización ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, “la anulación inmediata de todas las sanciones impuestas hasta el pasado 6 de abril, fecha en que se publicó la nueva ordenanza en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”. Lo argumentan indicando que “tras el pronunciamiento del Supremo, todas las multas dictadas al amparo de la ordenanza anulada carecen de validez jurídica”, como se puede leer en la web de DVuelta.
Recurrir todas las sanciones
Como bien recuerdan desde AEA, el auto del Tribunal Supremo inadmite el recurso municipal por no “apreciar interés casacional” y condenó al Ayuntamiento al pago de 2.000 euros en costas. Pero el presidente de la asociación, Mario Arnaldo, va más allá señalando que se sancionó “a cientos de miles de conductores” con multas de “dudosa legalidad”.
Por este mismo motivo, desde AEA reclaman al Ayuntamiento que debería devolver de oficio las cantidades ya cobradas o indemnizar de alguna manera a todos aquellos conductores afectados. De lo contrario, se convertiría en una “administración tramposa” frente a los ciudadanos que en su día le dieron la mayoría absoluta.
Pedro Javaloyes, portavoz de la empresa de defensa de los conductores Dvuelta, sostiene que “recurrir esas multas es un deber cívico. El recurso es la prerrogativa que nos da la ley a los ciudadanos para defendernos y es lo que puede empujar a la Administración a cumplir la ley a la que está obligada”.
