Pues ya tenemos nuevo lío con las Zonas de Bajas Emisiones. En este caso, el problema afecta de lleno a Madrid, pero podría extenderse a otras muchas áreas con restricciones, donde también distintos tribunales han ido anulando temporalmente las sanciones al encontrar defectos de forma en las legislaciones. Más allá de nuestras fronteras, Francia ha dado incluso un paso más anulando ya definitivamente este tipo de áreas medioambientales tras una controvertida votación celebrada en la Asamblea Nacional y que tachó la normativa de crear desigualdades sociales.
Ya en España, el conflicto sigue por la vía judicial. Si ya te hemos contado en los últimos meses que una cadena de sentencias judiciales han reprobado las Zonas de Bajas Emisiones en otras tantas ciudades, en Madrid el litigio ha llegado ya, incluso, al Tribunal Supremo. Y es que esta semana el propio Supremo ha inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que ya anuló en su día la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), reabriendo una realidad de trascendencia para miles de conductores: ¿qué pasa con el futuro de las sanciones impuestas hasta 6 de abril de 2026 por acceder o circular incumpliendo las restricciones de tráfico, ahora invalidadas?
Exigen la devolución de más de 3,5 millones de multas
Automovilistas Europeos Asociados (AEA) las contabiliza ya en casi 3,5 millones de multas y en un valor que supera ampliamente los 650 millones de euros. Y eso que porque solo contabilizan hasta el 6 de abril de este año, ya que desde el 7 de abril las sanciones se basan en una nueva ordenanza de movilidad aprobada ya en Madrid. Este, precisamente, es el motivo de la discordia.
Porque a pesar de que la Justicia ha sido muy clara y ha señalado las deficiencias de elaboración de la ZBE de Madrid, detectando fallos como la ausencia de un análisis económico riguroso que midiera el impacto real de las restricciones sobre los ciudadanos (en concreto sobre los que cuentan con menos recursos para asumir los costes de un cambio de vehículo), el Ayuntamiento de Madrid se niega ahora a devolver el importe de las multas ya impuestas, al considerar, según ha declarado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, que la sentencia no tiene efecto retroactivo y que ya queda sin efecto al haberse aprobado previamente una nueva ordenanza que corrige los errores formales señalados por el TSJM.
Así, aún considerando el Supremo que una limitación tan intensa de la circulación “exige ponderar de forma equilibrada los beneficios medioambientales con sus efectos sociales y económicos”, el Ayuntamiento de Madrid se niega a devolver el dinero de los millones de multas impuestas, generando un gran malestar en muchos colectivos de la sociedad.
La OCU explica la situación legal y pide la devolución de las multas
La OCU, por ejemplo, acaba de “exigir la devolución de oficio de las multas en los casos abiertos, considerando que “la anulación de los efectos de la ZBE coloca en una situación de inseguridad jurídica a miles de conductores sancionados hasta marzo de 2026”. La OCU, aun así, confirma que “no todos los casos son iguales. Aquellos ciudadanos que recurrieron la multa y mantienen el procedimiento abierto están en mejor posición para recuperar las cantidades abonadas. Pero quienes optaron por pagar sin recurrir se enfrentan a un camino más complejo, ya que la única vía posible pasa por solicitar la nulidad de pleno derecho, un procedimiento más restrictivo jurídicamente”. La OCU pese a ello pide al Ayuntamiento de Madrid responsabilidad y respeto a los derechos de los consumidores, anulando las sanciones y devolviendo las cantidades ya cobradas.
AEA, por su parte, ha solicitado del mismo modo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que “anule de inmediato las multas impuestas en la capital por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones”, alertando del “daño económico que el ayuntamiento está causando a cientos de miles de conductores madrileños, a los que se les están cobrando unas multas de dudosa legalidad”. Según AEA, la estrategia del consistorio madrileño ha sido “dilatoria para seguir recaudando unas multas de dudosa legalidad, que luego no quiere devolver argumentando que una hipotética decisión declarando nula la ordenanza solo afectaría a las multas pendientes de cobro, pero no a las ya cobradas”.
En el plano político, Vox, a través de su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha anunciado incluso que presentará una moción la próxima semana en el Pleno de Cibeles para reclamar también al alcalde de la capital “la devolución de las multas”. Veremos si el Ayuntamiento decide finalmente dar marcha atrás a su postura.
