Las sentencias contra la DGT parecen acumularse en los últimos meses. A la anulación de multas de radar por notificaciones incorrectas o tomas de fotografías no legales, se han sumado también anulaciones de Zonas de Bajas Emisiones por no considerarse justas. Pues bien, hoy conocemos otra más en contra de los intereses de Tráfico, que podría afectar en este caso a más de 1,5 millones de sanciones impuestas en los últimos meses.
Y es que una nueva sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Burgos acaba de estimar un recurso promovido por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios, condenando a la DGT ya a devolverle el carné de conducir y los puntos indebidamente retirados tras anularse su multa. En concreto el caso afecta a un camionero al que, previamente y tras la sanción, el Tribunal Económico-Administrativo regional de Castilla y León, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, le había anulado la parte económica de la sanción impuesta porque no había sido correctamente notificada. Sin embargo, la DGT no le había devuelto los puntos detraídos de esa sanción ya anulada.
Según denuncia AEA, como también llevan tiempo advirtiendo otras asociaciones de automovilistas, la DGT se ha negado desde el año 2006 (fecha en la que entró en vigor el carné por puntos) a devolver todos los puntos indebidamente detraídos por multas posteriormente anuladas por estar mal tramitadas. Tráfico no ha querido hasta ahora reconocer que órganos como los servicios económicos de Hacienda tengan facultades revisoras de su competencia sancionadora.
Sin embargo, AEA asegura que con esta actuación se ha provocado “daños irreparables” a miles de conductores españoles. En concreto, la organización confirma ahora que “más de 1,5 millones de expedientes sancionadores anulados solo el pasado mes de diciembre podrían quedar afectados por esta reciente resolución judicial que obliga a devolver los puntos detraídos de expedientes mal tramitados o prescritos”.
La nueva sentencia declara ahora que “sería contrario al principio constitucional de seguridad jurídica el que para dos órganos del Estado (en este caso por un lado la Jefatura de Tráfico y el Tribunal Económico Administrativo Regional) unos hechos existieran y a la vez no existieran”. Según Mario Arnaldo, presidente de AEA, “la pérdida de puntos va unida a la multa como la sombra al cuerpo, ya que no puede ser que Hacienda anule la parte económica de la sanción porque no se ha notificado correctamente la multa y, sin embargo, Tráfico mantenga la detracción de puntos”.
La sentencia, además, supone también un importante precedente, según asegura también AEA. “Supone desmontar el argumento perverso que desde hace más de una década utiliza la DGT para no devolver los puntos de multas mal tramitadas y considerar que un mismo hecho, como es una multa que no está bien notificada, exista para Hacienda, y por ese motivo se anule la parte económica de la sanción, pero no exista para Tráfico y la detracción de puntos quede anotada”, confirma un Mario Arnaldo que pide que, desde ahora, “no solo hay que anular la parte económica de la sanción, sino también la mochilita de puntos que la acompaña”.
Según AEA, debido a que en el Registro de Conductores e Infractores de la DGT se mantiene ilegalmente la detracción de puntos, “la Administración tendrá que indemnizar por ello a los ciudadanos, a los que somete injustamente a un peregrinaje de recursos para defender sus legítimos derechos”.
