El plan de pago por circular por las autovías españolas sigue adelante. Esta misma mañana te hemos contado cómo, a pesar de que el Gobierno decidió finalmente aplazar su implantación en 2023 debido a la actual situación socioeconómica, en la provincia de Gipuzkoa, por ejemplo, no solo ya existen nuevas carreteras de pago que eran antes gratuitas, sino que incluso en ellas se ha comenzado a probar un sistema de tarificación variable en función a las emisiones reales de los vehículos que circulan.
De todas estas informaciones, por tanto, se desprende, como el Gobierno ya ha ido filtrando en los últimos meses, que su intención es implantar este nuevo sistema de pago por el uso de las carreteras durante el próximo año 2024, ya que la medida ya fue comprometida con la Unión Europea durante las negociaciones de los fondos de recuperación. Una parte de ellos depende, por tanto, de su entrada en vigor.
Teniendo todo ello en cuenta, la patronal Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, sigue pidiendo su entrada lo antes posible en vigor, asegurando que la reforma para el pago por uso de las carreteras “debe dejarse al margen del debate político” y confirmando que, según su opinión, España es el único país de la UE donde todos los ciudadanos financian ya con sus impuestos la conservación de las vías, las usen o no.
Seopan incluso ha calculado ya la recaudación que el Estado ingresará con este nuevo plan de peajes en las autovías, asegurando que generará más de 5.000 millones al año, unos 5.082 millones. Sus cálculos se dividen entre la suma por la reducción del gasto público de conservación de carreteras (1.642 millones) y el incremento de los ingresos públicos asociados a esa tarificación para los usuarios (3.304 millones).
Seopan concluye su informe asegurando que España muestra una gran incongruencia en este sentido respecto al resto de países de la Unión Europea, ya que es el único estado donde “el contribuyente financia con sus impuestos la conservación y uso de las vías de gran capacidad”.
Para Julián Nuñez, presidente de Seopan, por ahora no hay más propuestas que el pago por uso para poder lograr invertir los más de 10.000 millones necesarios en la conservación, y “es la única alternativa, como ya ha hecho Alemania, Francia, Italia, Portugal o Austria. Lo hace toda Europa menos España”.
