La DGT ha estado implementado distintas estrategias para sancionar a aquellos que exceden los límites de velocidad y por ende, garantizar la seguridad vial, o al menos así piensan desde el ente español.
Progreso
Debido al avance de la tecnología y a la incorporación de nuevos dispositivos, la Dirección General de Tráfico también se ha visto beneficiada en el impulso a sus sistemas de vigilancia como son los radares. Mediante ellos controlan y sancionan a los conductores que no cumplen con las normas en cuanto a los excesos de velocidad.
Veloláser
Estos radares, de reducido tamaño, están sirviendo a la DGT para multar, ocultándolos pegados en señales o en guardarraíles. Su estrategia es la de que estos estén escondidos para poder sancionar a aquellos que no cumplan con la normativa.
Su principal capacidad es la de ser invisibles y medir velocidades de hasta 250 km/h, mientras en algunas ocasiones son controlados de manera remota por los agentes de seguridad.
Problema
No obstante, recientemente se ha descubierto un posible problema de homologación de estos, que podría poner en duda la legalidad de los mismos y así dar la posibilidad a los sancionados de impugnar las multas que han recibido tras haber sido pillados ‘in fraganti’ por estos.
De los 1.000 radares que hay en España actualmente en funcionamiento, tan solo 60 son Veloláser. Estos no cuentan con la homologación adecuada en la parte que conecta el radar al punto de apoyo, lo que supone que puedan verse afectados en la precisión con la que cuentan a la hora de detectar infracciones de velocidad.
Casos concreto
Todo proviene de dos casos:
- El primero ocurrió en 2019 en la carretera N-330 de Alicante, donde un radar operó de manera errónea durante 20 días. Este sancionó a dos conductores que circulaban por encima de los 90 km/h en una zona habilitada para ir a 100 km/h.
- El segundo ocurrió en 2020. Este puso de manifiesto un problema de homologación. Un conductor fue multado por uno de estos dispositivos. El multado recibió un fallo favorable tras recurrir a un tribunal, lo que hizo que la Dirección General de Tráfico se viera obligada a reembolsar la multa. Fue el Juzgado de lo Contencioso de Madrid el responsable de dicha sentencia. En esta argumentaba una falta de homologacón en el soporte del radar Veloláser citado.
