La Unión Europea tiene un plan: apostar por los coches eléctricos y reducir progresivamente los coches de combustión tradicionales, especialmente los vehículos diésel más antiguos. En los últimos días, el ejecutivo de Bruselas ha señalado como objetivo a los vehículos de más de 10 años, a los que considera responsables de gran parte de los accidentes en carretera. Y la atención se centra particularmente en los coches diésel que no tienen filtro de partículas o que lo han retirado.
Una medida desproporcionada
Para la UE es insuficiente que estos coches pasen inspecciones periódicas como las ITV, que en el caso de España sí se realizan anualmente, pero no así en Alemania, por ejemplo, donde son cada dos años. Además, según Bruselas, estos controles no garantizan que los coches cumplan con las exigencias de seguridad y emisiones actuales.
La propuesta europea, como es lógico, ha provocado controversia en muchos países, especialmente en Alemania. Para las autoridades alemanas la medida es desproporcionada y costosa para los propietarios de coches antiguos en buen estado. Argumentan que los gobiernos europeos parecen no saber cómo reducir las muertes en carretera y por eso culpan a los vehículos más viejos, bajo la premisa de que son más propensos a averías y accidentes.
El debate sobre los filtros de partículas
El debate no se limita al tema de los accidentes, sino que también abarca las emisiones contaminantes. Los coches diésel que no cuentan con filtro de partículas producen mayores emisiones de partículas nocivas. Y aunque los filtros modernos se regeneran automáticamente durante la conducción, especialmente tras trayectos largos o cuando el coche está al ralentí, los vehículos urbanos o de corto recorrido tienden a saturar el filtro. Esto suele ocurrir entre los 150.000 y 200.000 km, lo que obliga a un costoso recambio.
El reemplazo del filtro de partículas puede costar hasta 3.000 euros, según el modelo de coche, lo que llevó a muchos propietarios a retirarlo directamente. Sin embargo, este vacío técnico ha dejado a millones de coches diésel sin control real sobre sus emisiones. En las inspecciones actuales se mide la opacidad de los gases, pero no se detectan las partículas, y no es viable ni legal desmontar el escape en una ITV para verificarlo.
La UE estrecha el cerco sobre los coches diésel
La UE quiere cerrar esta brecha normativa y evitar que estos coches sigan circulando sin control. Si la medida prospera, muchos coches diésel deberán instalar de nuevo el filtro de partículas o serán retirados del mercado, aunque para muchos vehículos antiguos ni siquiera bastaría con instalar el filtro, ya que no lograrían cumplir los límites de emisiones exigidos.
El impacto sería enorme: miles de coches tendrían que ser desguazados porque no sería rentable adaptarlos a la nueva normativa. Esto afectaría tanto a particulares como a pequeñas empresas que dependen de flotas antiguas. Además, hay preocupación por el impacto social, ya que castigaría especialmente a quienes no tienen recursos para cambiar de vehículo.
En resumen, la propuesta europea busca avanzar hacia una movilidad más limpia y segura, pero genera un fuerte debate sobre su proporcionalidad, su impacto social y económico, y su viabilidad técnica. Mientras algunos defienden la necesidad de endurecer las normas para mejorar la seguridad vial y la calidad del aire, otros creen que se está sobrecargando a los ciudadanos y que habría que buscar soluciones menos radicales.
