Desde ahora las empresas de alquiler de coches se verán obligadas a asumir algunos costos que anteriormente recaían sobre sus clientes. Esto es gracias a una sentencia definitiva de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en la que se han declarado inválidas las cláusulas usadas por la empresa Sixt Rent a Car, en las que responsabilizaba al cliente de los cargos relacionados con la gestión de multas, siniestros o peritajes fotográficos.
Explicación
Esto, anteriormente, suponía que, además de pagar la multa o los daños que tuviera el vehículo, el contrato obligaba al cliente a cubrir los gastos de gestión asociados a sanciones o accidentes.
Un antes y un después
La justicia no solo ha cambiado esta norma, sino que obliga a las empresas que lo hicieran así a reembolsar los costos a los clientes de aquellas cantidades que hayan pagado por estos conceptos hasta ahora. Esto puede suponer un gran agujero en el bolsillo de las empresas.
No obstante, esta sentencia ha sido aplicada solo a Sixt tras la demanda presentada por la Federación de Consumidores y Usuarios, la CECU y por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca, la EKA/ ACUV.
CECU
Desde la CECU han confirmado que se trata de una práctica habitual y que serán ellos mismos quienes se encargarán de supervisar cómo se comportan las demás empresas, además de Sixt, pudiendo volver a presentar acciones legales contra ellas.
En un comunicado la CECU ha especificado:
- “El tribunal determina que lo que la empresa calificó durante el proceso como ‘servicios prestados’ son, en realidad, parte de los costes operativos de la actividad empresarial que carga la profesional predisponente al arrendatario del vehículo cuando tiene que tramitar una multa o un parte de siniestro”.
- “Pero la mercantil incurre en esos gastos o costes, no por un servicio prestado o solicitado por el cliente, sino al cumplir una obligación legal propia, que le corresponde por ser la propietaria del vehículo o en su propio y exclusivo beneficio.”
- “Se declara abusivo porque esa identificación es una obligación legal de la empresa, que no supone ningún beneficio para la clientela y cuyo coste no se les puede trasladar”.
Siniestro
En caso de siniestro, una de las cláusulas que generaban controversia establecía un pago de entre 44 y 100 euros por la supuesta gestión del expediente, a lo que la CECU ha contestado: “Este cargo tampoco supone un beneficio para la persona consumidora, pero sí para los propios intereses de la empresa”.
El texto termina diciendo:
- “Las empresas pueden repercutir, en todo o en parte, los costes que les supone poner en el mercado un producto o un servicio”.
- “El precio se debe expresar con claridad y transparencia para que el cliente sepa cuál va a ser la carga económica que le supone contratarlo”.
Y detalla que no se puede permitir es “repercutir parte de esos costes operacionales mediante ‘cargos administrativos’, incluidos en condiciones generales de la contratación, porque entonces las cláusulas que los fijan deben calificarse como abusivas por falta de reciprocidad, al no corresponder el pago con servicios de los que se beneficia el cliente de forma recíproca”.
