Hace falta echar la vista atrás muchos años para encontrar una mayoría en el Pleno tan abrumadora como la que se produjo en la votación de la nueva Ley de Movilidad Sostenible: nada menos que 174 votos a favor y 4 abstenciones. Al final, parece que los partidos han encontrado la motivación suficiente para estar en sintonía con una medida en la que nos jugamos unos fondos europeos del Plan de Recuperación, que podrían alcanzar los 10.000 millones de euros.
Uno de los pilares principales en los que se sustentará el nuevo marco regulatorio es en que se reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía. Según indicaban desde el Gobierno, esta tiene que ser “accesible e inclusiva, de tal manera que las administraciones trabajarán de forma coordinada para garantizarla”. De ahí que hayan comenzado ya medidas como los autobuses interurbanos gratuitos en algunas zonas del país.
También otro de los puntos se centra en que esa movilidad “sea limpia y sana”. Directamente desde el Ejecutivo apuntan a que el transporte es el “responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país”, por lo que quieren avanzar en materia de “descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire”. Y aquí una de las medidas estrella será el cambio en las etiquetas medioambientales de la DGT.
Las autovías en el punto de mira: más peajes
Y dentro de estas buenas palabras hay una amenaza que se cierne ya sobre los conductores españoles: nuevos peajes en las autovías españolas. Tomando como base esta nueva Ley de Movilidad, más el último Reglamento General de Carreteras, se ha conseguido un marco legal para poner en funcionamiento el pago por uso en estas vías rápidas.
Aunque no vayamos a alarmarnos con la medida, pues no será rápida. Para empezar, porque primero se tiene que ratificar la citada ley en el Senado (se espera para finales de año o principios del 2026) y luego habría que estudiar cómo se podría cobrar y vigilar los peajes en las autovías españolas. Algo que desde Bruselas han pedido ya muchas veces a nuestro Gobierno y que ahora parece más cerca que nunca.
Lo que sí parece claro, si nos atenemos a las palabras anteriores de movilidad “accesible” así como lo de “limpia y sana”, es que nos enfrentaremos en los próximos años a unos peajes dinámicos. Entre los factores para calcular su precio final estarán el tipo de vehículo, sus emisiones, la hora en que se circula, la ocupación o incluso los ingresos del dueño.
Por ahora, en el Reglamento General de Carreteras las únicas excepciones que se han especificado para los peajes tienen que ver con los vehículos oficiales (ambulancias, coches de policía…) y los de mantenimientos de las carreteras. Aunque desde la Unión Europea sugieren que también se queden fuera del pago autobuses o camiones completamente eléctricos y los de hidrógeno.
¿Cuánto podría costar el nuevo peaje?
Ahora mismo es demasiado pronto para aventurar un precio para estos nuevos peajes, pero desde Seopan, patronal de empresas constructoras y concesionaras de infraestructuras, ya presentaron hace un tiempo un plan que le podría servir como referencia al Gobierno para establecer las nuevas tarifas.
Esta asociación aboga porque es necesario aplicar ya los peajes para poder financiar todas las carreteras de alta capacidad que tenemos en nuestro país, ya que según sus estimaciones se podrían conseguir 140.000 millones en 25 años, para asegurar la conservación y se podrían acometer mejoras para el futuro en términos de seguridad o digitalización.
La propuesta de Seopan es que se cobrarían 3 céntimos de euro por cada kilómetro que recorramos, en caso de que fueran turismos, mientras que subirían a 14 céntimos/km en caso de los pesados, como son los autobuses o los camiones.
