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Histórica sanción en España que podría tener importantes consecuencias económicas en el sector de los coches de alquiler. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comunicado la multa de un millón de euros a la compañía Avis por llevar a cabo prácticas abusivas. El departamento que dirige Pablo Bustinduy considera que el cobro de tasas en concepto de gastos de gestión de multas ha sido desproporcionado y contradice las leyes de defensa de los consumidores.
En concreto, según ha explicado el propio Ministerio de Consumo, Avis venía cobrando desde hace años “tasas de entre 33,88 euros y 45 euros en concepto de gastos de gestión de sanción administrativa a la clientela que hubiera sido sancionada con una multa de tráfico en el momento que tenían uno de sus vehículos en alquiler”.
Denuncia de la asociación vasca de consumidores EKA/ACUB
Una denuncia presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV Euskal Kontsumitzaileen Alkartea (EKA/ACUV) fue el detonante que abrió el expediente y con esta nueva resolución el Gobierno concluye que se agota ya la vía administrativa, aunque no la judicial, donde Avis todavía podría recurrir la sanción en los tribunales correspondientes.
La resolución del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 llega tras la declaración ya del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria-Gasteiz, que consideró el pasado 22 de septiembre de 2020 a través de una sentencia que esta cláusula era abusiva, declarando la nulidad de diversas condiciones generales utilizadas por Avis, entre ellas la comisión por gestión de multas.
Un tribunal ya condenó a Avis a eliminar estos cobros en 2020
Entonces, este tribunal vasco ya condenó a Avis a eliminar estas cláusulas y tasas, confirmando que la compañía debía dejar de aplicarlas en los contratos vigentes y abstenerse de incorporarlas en el futuro. Han pasado sin embargo prácticamente 6 años y la compañía no ha cumplido con este cometido, por lo que desde Consumo se ha decidido ratificar esta histórica sanción con la “circunstancia agravante de persistir en una práctica declarada previamente ilícita”.
Avis, en concreto, venía cobrando a sus clientes este recargo por gestionar el pago de la multa y por comunicar a la Administración la identidad de la persona infractora, una gestión a la que sin embargo está obligada por ley, tal y como confirman las sentencias judiciales y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Así, la resolución de Consumo concluye que esta cláusula es abusiva porque “vulnera varios artículos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”. A su vez, considera que impone el pago de un servicio a la clientela que responde al cumplimiento de una obligación legal de la empresa y establece "una carga económica desproporcionada que rompe el equilibrio contractual en perjuicio de la persona consumidora”.
Avis, por su parte, asegura en su página web que cobra “una tasa administrativa, independiente del importe de la sanción para cubrir los gastos que conlleva el procedimiento” y subraya que el cargo de la tasa administrativa se realiza desde el momento en que se recibe la notificación de la multa. Para evitar el cargo, Avis venía informando de que “es necesario” realizar el pago de la multa “previo a la notificación”.
