Las carreteras y vías de circulación también se ven afectadas con los cambios de gobierno en los 8.131 municipios que existen en territorio español. En una lucha dialéctica y de proyectos, el tema de los carriles bici se ha convertido en una disputa que se ha mantenido en el tiempo.
Directrices europeas
Desde la Unión Europea están muy enfocados en que se reduzcan las emisiones de CO2 al medioambiente, de ahí normativas como la Euro7.
A su vez, la proliferación de carriles bici en nuestro país ha intentado sumar a este objetivo, aunque siempre con un ojo en las subvenciones que la propia UE da para y por la realización de este tipo de proyectos.
Situación
Los gobiernos más progresistas, en su afán por querer acabar con los coches en las ciudades, como si estos no fueran necesarios para la movilidad de todo tipo de personas, no solo de las más adineradas, han sido los que más reformas han llevado a cabo en este sentido.
De hecho, son muchas las veces que, sin pensar en qué podría pasar con el tráfico en determinadas calles, se han lanzado a quitar un carril o dos para poner en su lugar carriles bici.
No obstante, en un juego que al final nos cuesta dinero a todos los españoles, la derecha que acaba de recuperar muchos ayuntamientos, ha decidido volver a hacer obras en dichas calles. Evidentemente, estas mejorarán la circulación, pero las obras son un nuevo gasto para el bolsillo de los habitantes.
Tras las elecciones
El gobierno de Elche, formado por una coalición PP-VOX va a intentar suprimir las zonas de bajas emisiones y además va a suprimir los carriles bici más usados de la ciudad.
A su vez, se van a eliminar estructuras ya implementadas en Valladolid y Mallorca. En el caso de la primera de estas dos, se pretende acabar con los carriles bus-taxi y bus con pensamiento en que se creen menos atascos, sin embargo, esto podría suponer perder una ayuda europea de 483 millones de euros al haber sido incluida como una de las siete capitales españolas en liderar el movimiento ‘Objetivo 2030’. En el segundo caso nos encontramos con muchísimas infraestructuras ya construidas para la movilidad sostenible con los fondos Next Generation, que supusieron hasta 600 millones de euros para la causa.
Es probable que estas nuevas medidas tengan penalizaciones por parte de la Unión Europea, además de no cumplir con los objetivos marcados.
