Ésta es la increíble cifra de coches oficiales del Estado que usan un motor diésel

La quinta parte del parque de coches oficiales del Estado cuenta con una antigüedad de más de 10 años y la mayoría de los mismos son diésel.

Pedro Sánchez bajando de uno de los coches oficiales (Imagen: Cordon Press)
Pedro Sánchez bajando de uno de los coches oficiales (Imagen: Cordon Press)

Hace unos días, el Gobierno contestó en el Congreso de los Diputados a una pregunta realizada por el grupo parlamentario Vox. En dicha pregunta, se pedía al Ejecutivo que especificara todos los detalles de los coches oficiales con los que cuenta en la actualidad el Estado.

En la respuesta del propio Ejecutivo, hay varios detalles interesantes. En primer lugar, uno de cada cinco coches oficiales cuenta con más de 10 años de antigüedad (unas 5.800 unidades) y de ellos, una gran mayoría están propulsados por motores diésel. Precisamente, entre los planes del Gobierno, más concretamente en su nuevo borrador de la nueva Ley de Cambio Climático, se contempla la posibilidad de la prohibición de vender coches diésel y gasolina a partir de 2040 y, diez años más tarde, en 2050, se contemplaría la prohibición total de su circulación.

Según los planes oficiales, uno de los principales objetivos del Gobierno es ir reemplazando muchos de sus automóviles oficiales por otros más ecológicos de acuerdo con lo establecido en el Plan de Renovación de la Administración General del Estado 2020-2021.

Según los datos del Registro de Vehículos del Sector Público Estatal, la flota total de coches oficiales del Estado está formada por 36.512 vehículos, de los que 30.526 son de propiedad pública y 2.591 están disponibles en régimen de renting o leasing, según se recoge en una información publicada por la agencia de noticias Europa Press.

Esos más de 36.000 vehículos se reparten para servicios generales, incidencias, representación o para el uso de los distintos departamentos ministeriales.

Dentro de la adquisición de nuevos vehículos que harán la función de coche oficial para el Estado, los partidos políticos claman que tengan un precio máximo, tal y como viene ocurriendo en Alemania desde 2014, año en el que se fijó como precio máximo la cifra de 51.000 euros para la compra de un automóvil nuevo que haga las funciones de vehículo oficial.

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