Probablemente habrás escuchado largo y tendido hablar en los últimos años del cártel de coches, que también afectó al mercado español y a más de 10 millones de vehículos entre febrero de 2006 y agosto de 2013, con sentencias ya confirmadas por la Justicia e indemnizaciones de hasta más de 4.000 euros por comprobarse que hubo pacto de precios para la compra de coches de hasta 25 fabricantes en esas fechas.
Pues bien, hoy te vamos a hablar de un nuevo escándalo que ha saltado en la industria del automóvil relacionado con un nuevo cártel de precios, pero en este caso relacionado con las baterías de arranque de los coches. Y es que la Comisión Europea ha impuesto multas por un total de aproximadamente 72 millones de euros a varios fabricantes de baterías y a la asociación industrial Eurobat. Pero, ¿por qué?
El motivo argumentado por las instituciones comunitarias tiene relación con la participación de estos fabricantes y de la asociación en un cártel que funcionó durante años y que supuestamente restringió la competencia en el mercado europeo de baterías de arranque. Las empresas implicadas son en principio Exide, FET, Rombat y la asociación Eurobat. Clarios evitó la sanción finalmente porque la empresa informó a la Comisión sobre los acuerdos en el marco del programa de clemencia. Los procedimientos contra el fabricante Banner y el proveedor de servicios Kellen fueron archivados.
Antecedentes del cártel de baterías
Según la Comisión Europea, entre 2005 y 2017 las empresas implicadas se coordinaron en cuanto a los componentes de precios. Esto implicó los llamados recargos Eurobat, es decir, primas sobre el precio de compra de la materia prima más importante, el plomo. Estos recargos se utilizaron como base para las negociaciones de precios con los fabricantes de automóviles, con el objetivo de asegurar un nivel de precios uniformemente más alto.
Estos acuerdos están prohibidos por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 53 del Acuerdo EEE, ya que restringen la libre competencia. La Comisión Europea ha considerado ahora esta práctica como una infracción única y continuada durante más de 12 años.
Así se han calculado las multas
Al fijar las sanciones, la Comisión Europea ha tenido en cuenta factores como las ventas de baterías de arranque en el Espacio Económico Europeo, la duración y la gravedad de las infracciones, y las cuotas de mercado de las empresas implicadas. FET y Rombat obtuvieron multas reducidas gracias a su cooperación.
La Comisión además ha impuesto una multa fija a la asociación comercial Eurobat, que ha servido también como señal de que las asociaciones deben asegurarse de no promover contactos anticompetitivos entre sus miembros.
El cártel creó precios altos artificialmente
Las baterías de arranque alimentan el motor de arranque y los sistemas eléctricos de los vehículos con motor de combustión. El plomo es la materia prima más importante y, al mismo tiempo, el factor de coste más relevante. Las baterías de arranque requieren plomo especialmente puro, lo que encarece aún más su precio.
La Comisión Europea ha concluido que los recargos acordados podrían haber generado precios artificialmente altos y, por lo tanto, costes adicionales para los fabricantes de automóviles. La investigación comenzó en 2017 después de que Johnson Controls International (Clarios) revelara el cártel. Otros participantes también solicitaron clemencia. Tras una audiencia celebrada en la primavera de 2024, la Comisión Europea decidió archivar el procedimiento contra Banner y Kellen.
Las multas impuestas se destinan al presupuesto de la UE. No se utilizan para financiar proyectos individuales, sino que reducen las contribuciones de los Estados miembros al año siguiente. Las empresas perjudicadas por el cártel pueden reclamar ahora daños y perjuicios ante los tribunales nacionales, aunque la decisión de la Comisión Europea constituye una prueba jurídicamente vinculante de la infracción del cártel.
El programa de clemencia permite a las empresas reducir o evitar por completo las sanciones mediante la cooperación activa con la Comisión. Además, este organismo comunitario gestiona un sistema anónimo de denuncia de irregularidades, a través del cual se pueden denunciar infracciones de la legislación sobre competencia.
Nuestra opinión: siempre pagamos los mismos
En definitiva, la Comisión Europea ha impuesto multas de aproximadamente 72 millones de euros en el caso de un cártel de fijación de precios de larga duración en el sector de las baterías de arranque para automóviles, encareciendo durante años y manteniendo precios muy altos en estos compomentes. La decisión pretende garantizar que la fijación de precios en el sector de suministros para automóviles no pase desapercibida y que los clientes afectados tengan la oportunidad de reclamar daños y perjuicios. La conclusión es que, al final, siempre pagamos los mismos: los consumidores que adquirimos los productos durante años a precios artificialmente incrementados.
