Desde hace años suele ser algo recurrente circular por carreteras, especialmente por las secundarias, y observar radares de velocidad que han sido pintados, que tienen el cristal que oculta la lente rota o que, directamente, han sido destrozados. Sin hasta ahora poder asociar estos hechos a una campaña delictiva concreta de ninguna organización o banda, como sí ha ocurrido en países como Italia o Francia, estos hechos considerados aislados, aunque más comunes de lo deseado, han supuesto mucho dinero para las arcas públicas.
Pues bien, eso se ha acabado. La DGT ha decidido finalmente actuar y anuncia nuevas investigaciones y penas durísimas para todo aquel que dañe o destroce un radar de velocidad. El nuevo detonante ha sido la vandalización registrada en hasta 7 radares en los últimos días en distintas comunidades autónomas, que Tráfico anuncia que ya investiga a través de denuncias en unidades de la Guardia Civil.
Penas de prisión de hasta 3 años por destrozar radares
Los hechos se han detectado en carreteras convencionales de la Comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana y son ya constitutivos de delitos de daños tipificados en el Código Penal, en sus artículos 263 a 267, según advierte duramente la DGT. La investigación, ya en marcha, espera poder plantear una acusación por menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio. Y las penas son contundentes.
Tal y como explica y advierte ahora la DGT, el artículo 263.2 del Código Penal establece un tipo agravado del delito de daños que prevé penas de prisión de 1 a 3 años y multas de 12 a 24 meses, “cuando los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. También cuando se cometan contra funcionarios públicos, o contra particulares que, como testigos o de cualquier otra forma, hayan contribuido o puedan hacerlo en la ejecución o aplicación de las leyes”.
Y multas de hasta 67.000 €, el coste de los radares
Pero aquí no puede quedar la pena, ni mucho menos. La DGT asegura asimismo que los autores de estos hechos considerados delictivos “deberán también responder por el coste económico de cada punto de control”. Y es muy elevado, ya que “en el caso de los radares fijos asciende a unos 67.000 € y en el de los de tramo a unos 66.000 euros”. Ojo, porque hablamos por tanto de penas y sanciones muy, muy serias que desde el Ministerio del Interior están dispuestos ya a aplicar.
De hecho, la DGT advierte al mismo tiempo de que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de Seguridad Ciudadana reforzarán la vigilancia desde ahora en los puntos en los que están instalados los radares para evitar que se sigan produciendo este tipo de actos violentos contra patrimonio público. Además, desde Tráfico aseguran que “se han colocado cámaras de vigilancia en los mismos directamente conectadas con los Centros de Gestión de la DGT con el fin de detectar posibles sabotajes y permitir la actuación inmediata de las patrullas de la Guardia Civil”.
Así que ya sabes: por mucho que te molesten algunos radares de velocidad, o creas incluso que están colocados con un afán recaudatorio y no de velocidad, ni se te ocurra desde ahora querer parar su función rompiéndolo o destrozándolo. La broma, que para la DGT obviamente no lo es, puede salirte muy, muy cara. ¡Cuidado!
