No es la primera vez que se siembran dudas sobre el precio de los combustibles en España, algo atenuadas es verdad con el aumento de gasolineras low cost y la apertura de la competencia en estaciones de servicio. Sin embargo, ahora un importante fallo judicial vuelve a situar los abusos de tarifas de actualidad, con la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, exigiendo ya la actuación del Gobierno para tener una mayor supervisión pública, una mayor vigilancia y, como consecuencia, una mayor transparencia en el sector. Pero, ¿qué ha ocurrido?
La petición de la OCU llega tras el conocimiento de una reciente sentencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha sancionado a Repsol con 20,5 millones de euros y la exclusión temporal de 6 meses en licitaciones públicas de suministro de combustibles. Este fallo llega ahora, tres años después de las denuncias de estaciones de servicio independientes acusando a las principales compañías de prácticas contrarias a la competencia.
Sentencia contra Repsol
La sentencia acredita que Repsol, entre abril y diciembre de 2022, “habría abusado de su posición dominante en el mercado mayorista, incrementando los precios a los que vendía combustibles a las gasolineras independientes —muchas de ellas de bajo coste— mientras desarrollaba campañas con fuertes descuentos en sus propias estaciones de servicio dirigidas a clientes profesionales y transportistas. Este doble movimiento elevaba los precios a los que las independientes podían operar, mientras hacía más atractiva la oferta de Repsol para los grandes consumidores, restringiendo así la competencia”, tal y como explica hoy la OCU.
A consecuencia de esta realidad, la organización asegura ahora que ya denunció ese mismo año la actuación de las grandes petroleras españolas, acusándolas de mantener sus precios hasta unos 5 céntimos de euro por encima de la media europea respecto a su situación previa a la implantación del descuento estatal de 20 céntimos de euro por litro aplicado durante meses por el Gobierno como consecuencia de la subida de precios con motivo de la guerra de Ucrania, que llegó a situar las tarifas del diésel y la gasolina incluso por encima de los 2 euros por litro.
Un nivel de concentración excesiva eleva el nivel de precios
Aunque la OCU recuerda ahora que la sanción impuesta a Repsol “no tiene efectos directos inmediatos sobre los consumidores —al tratarse de una multa y una limitación temporal de acceso a concursos públicos—, sí evidencia que persisten ineficiencias estructurales en un sector donde la regulación anti oligopolio permitiría que las tres compañías con refinerías en España pudieran, legalmente, llegar a concentrar hasta el 90% de las estaciones de servicio del país, y donde Repsol alcanza o roza el límite máximo permitido en muchas provincias”.
La OCU concluye su denuncia advirtiendo de que “un nivel de concentración excesivo dificulta la competencia efectiva y eleva el nivel medio de precios, algo que se ha comprobado en zonas de alto tránsito como autopistas y autovías, con poca presencia de gasolineras low-cost en su recorrido”. Y urge por ello ya al Gobierno y a la CNMC a “actuar con contundencia y determinación para prevenir futuras distorsiones del mercado”, exigiendo mayor transparencia en la formación de los precios de los carburantes, tanto en el ámbito mayorista como minorista, con una mayor vigilancia por parte de las autoridades, con sanciones más elevadas y disuasorias ante prácticas que constituyan abusos de posición dominante y con políticas que fomenten la competencia real, facilitando la entrada y consolidación de pequeñas y medianas compañías, especialmente en áreas donde la oferta es muy limitada.
