Precisamente cuando nuevos tramos de peaje en las autopistas AP-7 y AP-2 levantarán sus barreras a partir de mañana mismo, día 1 de septiembre, surge de nuevo en España el debate sobre el pago por uso de las carreteras, de casi todas las carreteras. Así, al menos, lo asegura hoy directamente el diario El País, citando fuentes del Gobierno.
Y es que, según estas informaciones, la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quiere volver a retomar un plan ya previsto por el anterior máximo responsable de la cartera, José Luis Ábalos, y que incluso figuraba en un texto enviado a Bruselas con un calendario de acción. Finalmente, este documento se retiró ante la falsa de consenso.
Ahora, el nuevo gabinete quiere volver a introducir el debate para llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas, administraciones y agentes sociales. La nueva ministra considera que es indispensable ante el déficit en conservación y mantenimiento que hay en carreteras en España y que se agravará con la nueva liberalización de peajes. El Gobierno lo estima en 8.000 millones de euros, no compensados con los 1.200 millones que se dedicaron en 2021 de los Presupuestos Generales del Estado.
La ministra Raquel Sánchez, según las informaciones de El País, también considera este plan vital para convencer a Bruselas del control del gasto público que exige a España. Según sus argumentos, además, nuestro país cuenta únicamente con un 15 por ciento de porcentaje de pago en la red de alta capacidad, una cifra muy inferior al de la media europea. Otra justificación sería ya medioambiental, citando que el transporte por carretera es responsable de la tercera parte de emisiones de gases con efecto invernadero, lo que justifica el método de que “quien contamina paga”.
Así sería el plan de pago del Gobierno
Ahora bien, ¿cómo sería este pago por uso? ¿En qué carreteras se aplicaría y desde cuándo? El plan inicial contemplaba implantar el cobro a partir de 2024, aunque el Gobierno sigue asegurando que sería con “un modelo justo, equilibrado y sostenible”. A pesar de que está en estudio la propuesta aún, y sin un plan concreto, las primeras informaciones apuntarían a que se activaría primero en los 12.000 kilómetros de vías de gran capacidad del Estado (autopistas, autovías y carreteras multicarril), aunque en el futuro podría extenderse también a otros 5.200 km de vías que dependen de las comunidades autónomas.
El pago por uso de estas carreteras afectaría a todos los usuarios, contemplando conductores particulares y transportistas, nacionales y extranjeros. La implantación de reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos y usuarios habituales en ciertos tramos también estaría contemplada de origen.
Según ha filtrado inicialmente el Gobierno, estos pagos tendrían precios “simbólicos”, que variarían entre 1 y 1,5 céntimos de euros por kilómetro para turismos y alrededor de 5 céntimos para camiones. Esta cifra, por ejemplo, supondría que viajar de Madrid a Barcelona pasase a costar entre 6 y 9 euros, aproximadamente.
Como método de pago más probable se establecería el electrónico, con la instalación de pórticos de detección en las carreteras de gran capacidad (aproximadamente cada 50 km) y en las vías de acceso y salidas. Así se remitiría un cargo a la cuenta corriente del propietario del coche. La inversión para todo este sistema superaría de inicio los 1.000 millones de euros. Veremos en qué queda finalmente una propuesta que, desde luego, va a generar mucho conflicto social y crítica. El Gobierno no tendrá fácil su implantación.
