Que los radares se han convertido en toda un arma de recaudación para los ayuntamientos de España, que ven como con la compra de pequeños aparatos portátiles se dispara el número de multas en sus calles, es una realidad incuestionable. Llevamos meses hablándote de ello, contándote incluso cómo es tendencia una técnica, la de los radares rotatorios, cada vez más empleada y consistente en esconder cada semana los dispositivos en una calle distinta en una especie de juego de gato y el ratón con los conductores.
La rebaja de los límites de velocidad por parte de la DGT en la última Ley de Tráfico solo hizo que incrementar la apuesta de los ayuntamientos hacia la compra de radares móviles. Pudiendo multar ya incluso por superar los 20 y 30 km/h en muchas de sus calles, la caja que generaban era espectacular. Tanta, que incluso como también te contamos hubo ayuntamientos, como el de Es Migjorn, en las Islas Baleares, que tuvieron que recurrir a la externalización del servicio de recaudación de multas por no tener suficiente personal como para tramitar y gestionar tanto expediente sancionador: en un pueblo de solo 1.370 habitantes se ponían más de 20 multas diarias.
En año electoral, el Ayuntamiento de Lleida no multó... y ahora tiene que pagar una gran indemnización
Esta realidad llevó también al Ayuntamiento de Lleida a contratar a una empresa de gestión de radares, Arnó, para que fuera su concesionaria de radares entre 2013 y 2019, con el acuerdo de usar también un radar móvil embarcado en el coche de la Guardia Urbana de la ciudad. Sin embargo, con lo que no contaba esta empresa era que 2014 era año electoral y que, durante meses, según denuncian ahora los grupos políticos entonces en la oposición, el Consistorio decidió no poner multas a los ciudadanos.
Sí, puede que la noticia suene incluso a chiste, pero, a consecuencia de esta inacción, el Ayuntamiento de Lleida ha sido ahora sentenciado a indemnizar con nada menos que 442.000 euros a la empresa Arnó por no validar ni cobrar en ese año las sanciones interpuestas. Una resolución judicial en concreto obliga al Ayuntamiento a devolver así parte del dinero no recaudado por el entonces grupo de gobierno dirigido por el alcalde Ángel Ros, del PSC.
“El populismo de Ros, que no quiso poner multas de velocidad en el año preelectoral, lo pagamos ahora entre todos”, ha denunciado en las últimas horas la concejal y portavoz del grupo Comú de Lleida, Laura Begés. Debido a esta sentencia y a la “gestión deficitaria” de la concesión de los radares, el Ayuntamiento de Lleida ha anunciado que ahora deberá modificar su línea de crédito para poder afrontar este pago inesperado, que se hará a plazos, primero con 142.000 euros de inmediato, y otros 300.000 euros abonados el próximo año.
Capturas de radar y fotos de semáforos en rojo que nunca fueron validadas como multas
El pleito entre el Ayuntamiento de Lleida y la empresa concesionaria de los radares viene arrastrándose desde 2016, cuando Arnó reclamó casi 1 millón de euros mediante un recurso judicial contra los órganos de la ciudad, aportando pruebas como capturas de radar y fotos de semáforos en rojo que no fueron luego nunca validadas ni cobradas por el municipio.
El Tribunal Supremo ha obligado así al Ayuntamiento de Lleida a compensar la falta de uso durante meses de sus radares, pero, en cambio, ha desestimado más reclamaciones de la empresa Arnó, que también pedía indemnización por multas de radares fijos no tramitadas a vehículos que circulaban a más de 50 km/h, ya que las autoridades municipales decidieron no validar las denuncias hasta un exceso de velocidad por encima de los 65 km/h.
El actual Gobierno municipal de Lleida, liderado por el actual alcalde Félix Larrosa, también del PSC, ha asegurado tras conocer la sentencia que “discrepa” de la interpretación que realiza el alto tribunal, pero acepta, “como no puede ser de otra forma”, la decisión judicial.
