La OCU acaba de anunciar que el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Valencia ha admitido a trámite la demanda colectiva presentada por la organización contra los fabricantes Ford, Mitsubishi y BMW. De esta manera, se une al Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona, que a principios de este mismo año hizo lo mismo contra Volvo y Honda.
Como nos han informado desde la OCU, esta es la sexta acción que realizan en los tribunales. El periplo comenzó el 19 de octubre de 2023 contra los 27 fabricantes sancionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el pacto ilegal de precios que ha sido conocido como el cártel de coches.
El siguiente paso del último procedimiento es que el juzgado valenciano comunicará a Ford, Mitsubishi y BMW que se ha admitido a trámite la demanda colectiva de la OCU y tendrán 20 días hábiles para poder preparar y presentar su contestación ante las acusaciones.
Desde la OCU esperan que el resto de las demandas que tienen presentadas corran la misma suerte que estas de Valencia y Barcelona, recordando que se pueden seguir incorporando afectados a la causa para recibir sus correspondientes indemnizaciones en caso de ganar el juicio posterior.
¿Cómo fue el cártel de coches?
Fue en el año 2015 cuando CNMC descubrió que 27 fabricantes y 172 concesionarios habían llegado a un acuerdo para pactar los precios de sus vehículos entre febrero del 2006 y agosto de 2013. Este hecho perjudicaba a los clientes finales, pues como dictó el propio Tribunal Supremo los compradores pagaron un precio más alto que el que correspondía.
Los fabricantes involucrados fueron los siguientes: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen o Volvo.
Teniendo en cuenta que en esos años esta lista anterior representaba el 90% del mercado, según estimaciones de la OCU podría haber afectado a 9 millones de compradores. Para ellos se espera que las indemnizaciones puedan alcanzar hasta el 10% del valor total de la compra, pudiendo llegar a un máximo de 4.000 euros. Aunque en las sentencias favorables que ya existen en nuestro país, los afectados han conseguido mucho menos dinero.
