La Unión Europea está ya expectante y vigilante ante las normativas fiscales que se aplican en España en el sector de los hidrocarburos. El problema llega con la histórica bonificación que lleva aplicándose en nuestro país al diésel desde hace décadas, recogida legalmente en los diferentes tipos impositivos a los combustibles fijados por el Impuesto sobre Hidrocarburos en su artículo 50 de la Ley 38/1992, de los Impuestos Especiales. Este tratamiento fiscal diferenciado derivó desde sus orígenes en un precio del diésel en las gasolineras inferior al de la gasolina, al considerarse que el gasóleo era un combustible sobre todo para el sector profesional y el transporte de mercancías.
La realidad es que, a día de hoy, con los programas climáticos y las consideraciones de emisiones contaminantes, esta práctica carece ya de sentido. Por ello, desde el Gobierno llevan años estudiando modificar la normativa, que es eso sí muy impopular para el sector del transporte y dada la cantidad de coches diésel que hay en circulación en España. Europa, además, lo exige en las negociaciones para obtener nuevos fondos de ayudas comunitarias.
La UE presiona y el Gobierno se compromete a equiparar el diésel a la gasolina
Comprometida la medida así ya hace meses con Bruselas, pero sin tener el Gobierno los apoyos parlamentarios de momento suficientes para aprobarla en el Congreso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pidió una prórroga para cumplir esta norma a través de una reforma fiscal, pero el plazo ampliado concluyó a finales de enero sin que la propuesta se haya aprobado de momento.
Ahora, sin embargo, los principales medios económicos aseguran que desde Bruselas se están ya pidiendo explicaciones por el retraso, confirmando que la Comisión Europea estaría ya presionando de nuevo al Gobierno para que aprobase definitivamente esta equiparación fiscal entre carburantes como exigencia imprescindible para recibir nuevas subvenciones, sin fijar eso sí de momento una fecha concreta de aplicación ni un calendario definitivo.
En España, por su parte, el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado oficialmente que el Gobierno tiene como objetivo introducir esta nueva reforma fiscal y se habría comprometido con Bruselas a ponerla en vigor ya a lo largo de este mismo año 2026. Pero, ¿qué significaría esta modificación de los impuestos sobre hidrocarburos para el conductor español?
Cuánto se encarecerá el precio del litro de diésel
Según todos los análisis iniciales, la retirada de la bonificación fiscal al diésel supondría, de inicio y sobre el papel, un encarecimiento del litro de diésel en las gasolineras de entre 7 y 10 céntimos de euro. Las previsiones más optimistas han sido dadas por medios como El Economista, en función a los nuevos cálculos impositivos, mientras que las más pesimistas han sido ratificadas por las proyecciones anunciadas por la OCU a modo de advertencia.
Es decir, esta equiparación fiscal se trasladaría a una subida de aproximadamente el 25% en el precio del litro del diésel para los consumidores, lo que tendría un notable efecto en millones de propietarios de estos vehículos en nuestro país. Los datos de la DGT calculan que, a día de hoy, hay más de 15 millones de coches diésel en uso en España, representando cerca del 60 por ciento del parque automovilístico total.
Según ha advertido también la OCU, de llevarse a la práctica esta nueva carga impositiva, el llenado de un coche diésel con un depósito medio de 50 litros se encarecería en al menos 5,67 euros. Extrapolando a un kilometraje medio anual de 15.000 km, el conductor de un vehículo diésel debería pagar cada año hasta 102,03 euros más por sus repostajes de concretarse esta subida del gasóleo.
Dónde se producirá la subida del precio y a qué tipos de gasóleo
Hay que aclarar, eso sí, que la subida en la tasa de hidrocarburos, de aprobarse, solo afectaría eso sí al precio del diésel en la Península y en Baleares, nunca en Ceuta, Melilla e Islas Canarias, que mantendrían sus tarifas actuales. De esta hipotética subida fiscal estaría también excluido el denominado gasóleo B profesional, empleado por transportistas y agricultores, así como el gasóleo C de calefacción. Y es que la propuesta del Gobierno contempla que solo se aplique la nueva normativa al gasóleo A de automoción convencional.
