Esto hay que pararlo cuanto antes. Con los niveles de transmisión del Covid-19 de nuevo descontrolados en España, a través de incidencias que no dejan de aumentar y tensionar aún más los hospitales y centros de salud de todo el país, el objetivo número uno vuelve a ser frenar la movilidad y los contactos sociales.
A través de más restrictivos toques de queda, nuevos cierres perimetrales, aforos reducidos o rebajas en el número de personas que pueden reunirse, todas las comunidades están tomando medidas mucho más duras para frenar la transmisión. En este artículo ya te contamos hace unos días todas las restricciones que llegan por comunidades.
Sin embargo, de lo que no hay duda es que todas estas restricciones de poco sirven sin control. Y el foco ya de muchas autonomías y autoridades parece ir dirigido precisamente a vigilar más y mejor que se cumplan las restricciones, con severas multas que sirvan a modo de advertencia. En este sentido, esta semana ya te hemos contado la iniciativa pionera de usar drones para controlar quiénes se saltan los cierres perimetrales, algo que el Ayuntamiento de Madrid comienza a poner en práctica.
Pero hay más, mucho más. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, acaba de establecer nuevas restricciones que han entrado en vigor el pasado día 21 de enero. Para asegurar así su cumplimiento, las nuevas normas contemplan ya con un nuevo decreto multas que van de los 60 a los 30.000 euros por incumplir las prohibiciones. Al uso inadecuado de mascarillas (100 € de sanción) se suma así fuertes multas para todo aquel que incumpla las cuarentenas o se salte las restricciones de movilidad.
Por saltarse los toques de queda nocturnos se fijan ya 600 euros, mientras que como infracción grave se establece el incumplimiento de aislamiento, con multas que arrancan en los 601 euros y pueden llegar a los 30.000 si supone un riesgo para un determinado número de personas.
Pero está claro que no solo la vigilancia de las autoridades puede efectuar labores de denuncia. En la localidad de Onda, en Castellón, la Policía Local ha establecido también multas de 30.000 euros a personas vecinas del municipio que debían estar en cuarentena por haber tenido contacto directo con otras personas que habían dado positivo y fueron denunciadas por los propios vecinos de incumplimiento.
Algunos de estas personas que debían estar en cuarentena fueron identificados haciendo compras en un supermercado, mientras que otras familias están siendo al mismo tiempo investigadas por denunciar sus centros de salud que no están cumpliendo con las medidas obligatorias de aislamiento. En estos casos, la Policía está proponiendo las sanciones más altas, 30.000 euros, además de informar a la Consellería de Sanidad para iniciar más actuaciones en defensa de la salud pública.
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha informado de que en las últimas horas ha detenido a 16 personas y realizado otras 250 propuestas de sanción por incumplir las nuevas restricciones de movilidad impuestas desde este pasado lunes. Las autoridades recuerdan que los incumplimientos pueden acarrear fortísimas sanciones que oscilan entre los 600 y los 600.000 euros en función de la gravedad de los casos.
