Mientras que anualmente se hacen 4,6 millones de pruebas de alcohol en España, tan sólo se realizan 76.000 de drogas. Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) va a llevar a cabo una investigación para constatar la eficacia de un nuevo aparato que permitirá detectar y certificar con garantías la presencia de drogas en conductores en una sola prueba, pudiendo pasar de 76.000 a 800.000 controles al año.
El director de Tráfico, Gregorio Serrano, ha explicado que en la actualidad, los controles de drogas se llevan a cabo a través de una cadena de procedimiento que implica una prueba inicial o indiciaria y otra posterior, en laboratorio, teniendo que mantener la cadena de custodia para garantizar los resultados.
Para reducir ese proceso, la DGT va a firmar un convenio de colaboración con la Dirección General de Innovación del Ministerio de Economía para, a través de los fondos europeos Feder, llevar a cabo una investigación en torno a un aparato que permitiría que dicho proceso se haga de una sola vez.
Lo que pretende la DGT es “tener aparatos para poder aumentar de manera muy exponencial el control de drogas y reducir de forma drástica ese 34% de positivos que dan esas pruebas”, ha señalado Serrano. “Confiamos en que pronto esté en marcha la investigación y dé sus frutos, ya que no está garantizado su éxito; vamos a investigar a ver si ese aparato es viable o no”.
Penalizado por la ley
La ley prohíbe conducir con presencia de drogas en el organismo del conductor, quedando excluidas las sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica. Esta infracción, catalogada como muy grave, está castigada con una sanción de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos.
Además, conducir bajo la influencia de drogas está tipificado como delito contra la seguridad vial en el capítulo IV del Código Penal. La pena es de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y privación del derecho a conducir de uno hasta cuatro años. Y por negarse a someterse a las pruebas, existe pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.
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