Los tribunales anulan las restricciones a los coches VTC de Uber y Cabify: así pueden operar

Una gran cantidad de sentencias de tribunales ordinarios está anulando las restricciones y sanciones impuestas por las Administraciones a las empresas propietarias de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que utilizan plataformas como Uber o Cabify.

La multa que más está siendo anulada hasta ahora en los juzgados es la captación ilegal de clientes en vía pública, puesto que varias sentencias de juzgados de Madrid han anulado sanciones de la comunidad madrileña al rechazar los criterios de la Administración.

La razón, la definición de “captación ilícita” no cuenta con ningún respaldo jurídico; además, la actividad probatoria ha sido insuficiente . Existen 2.000 reclamaciones pendientes de VTC por esta misma causa que pueden contar con el mismo resultado al tratarse de sentencias firmes.

Hasta ahora, la sanción más común que reciben las VTC es por “estar estacionado en vía pública a la espera de la captación de clientes sin estar previamente contratado”. Las multas alcanzan los 601 euros al ser consideradas una infracción grave del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1990, según las administraciones demandantes.

Sin embargo, los jueces consideran que el hecho de que un vehículo VTC esté estacionado en la calle no presupone que se quiera captar a viajeros, aunque se encuentre en las inmediaciones de una estaciones de autobuses, aeropuerto o de un estadio de fútbol.

Además, alegan que la mera denuncia del agente municipal no sirve de prueba suficiente que acredite este comportamiento y que la legislación no recoge la figura de estacionamiento como motivo de sanción.

Por otra parte, los tribunales también han denegado la petición de medidas cautelares de las asociaciones de taxistas para que se prohíba la circulación de este tipo de vehículos en el centro de ciudades como Barcelona, Córdoba o Granada o las multas por no rellenar la hoja de ruta.

Por su parte, las empresas de VTC afirman que se sienten “acosadas” por parte de las administraciones regionales y municipales, que incluso aluden al incremento de las sanciones para acallar las protestas de los taxistas que exigen mano dura contra sus competidores.