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Los ayuntamientos generan ya cientos de millones de euros a través de sus Zonas de Bajas Emisiones, y muchos de ellos bajo la sospecha de ilegalidad en la aplicación de las normativas municipales. La realidad parece haber superado las previsiones y, según un estudio elaborado por Dvuelta, la asociación de defensa de los automovilistas, ciudades como Madrid han ingresado ya más de 200 millones de euros, mientras que en Barcelona se estima la recaudación en 65 millones, y en Valencia o Sevilla se superan los 25 millones.
Una cadena de sentencias judiciales contra las ZBE recorre ya España
Sin embargo, las dudas se ciernen ya sobre muchas de las actuaciones ejecutadas por los ayuntamientos. Si en los últimos meses te hemos contado ya como una cadena de al menos 13 sentencias judiciales procedentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Madrid, Asturias, Extremadura o Castilla y León ha terminado anulando temporalmente numerosas ZBE en España, como las de Barcelona, Madrid, Gijón, Cornellá de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adriá de Besós, Segovia o Ávila, poco a poco vamos conociendo cómo, a pesar de nuevos dictámenes, muchos ayuntamientos continúan sancionando frente a las denuncias de partidos políticos en la oposición y asociaciones de automovilistas.
El más conocido y recurrente es, sin duda, el caso de Madrid. En la capital de España, la asociación Dvuelta asegura que, en solo 20 meses, ha ganado ya hasta 1.333 sentencias al Ayuntamiento respecto a unas Zonas de Bajas Emisiones que continúan sancionando a pesar de los continuos procedimientos fallados ya en su contra. Se calcula ya que más de 3,5 millones de multas impuestas por Madrid podrían ser anuladas ahora por ilegales.
Madrid pierde el 90% de recursos contra multas de su Zona de Bajas Emisiones
Dvuelta confirma que gana más del 90% de los recursos que interpone al Ayuntamiento de Madrid por multas en sus ZBE, denunciando que el Consistorio pese a ello “no respeta a los Tribunales de Justicia” y sigue multando aunque “no cumple con el requisito exigido por la propia legislación municipal, que obliga a acreditar documentalmente la instalación de carteles informativos, en lugares visibles, que avisen a los conductores de la captación y transmisión de datos o imágenes para el control de acceso”.
Pero el caso de Madrid no es ni mucho menos único. Las denuncias sobre ZBE discriminatorias y las acusaciones de usarlas como herramienta exclusivamente de recaudación recorren ya el país y el último ejemplo lo encontramos en Málaga, donde incluso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado ya la regulación de acceso a la ZBE al considerar que la diferenciación entre vehículos domiciliados en la ciudad y los no domiciliados es discriminatoria.
Las ZBE "no pueden convertirse en máquinas de multar"
A pesar de esta sentencia, las estadísticas apuntan hoy a que el Ayuntamiento de Málaga continúa tramitando multas en su Zona de Bajas Emisiones, alcanzando ya hasta casi 47.000 denuncias o propuestas de sanción ya ejecutadas en los últimos 8 meses. Esta actuación ha llevado a la oposición y distintos colectivos urbanos a denunciar la política municipal.
“El propósito de una Zona de Bajas Emisiones debe ser reducir la contaminación, no recaudar”, asegura la portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, exigiendo ya al Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, a que suspenda “de inmediato el régimen sancionador y proceda a modificar la ordenanza”. La formación denuncia que el Ayuntamiento ha puesto “más empeño en sancionar que en construir una alternativa de movilidad sostenible”.
Para Morillas, una Zona de Bajas Emisiones “no puede convertirse en una máquina de multas mientras siguen sin existir las condiciones necesarias para que miles de trabajadores puedan dejar el coche y utilizar alternativas eficaces. Es especialmente grave que el equipo de Gobierno municipal mantenga el régimen sancionador después de la sentencia del TSJA, cuando la resolución judicial ha cuestionado precisamente uno de los elementos centrales de la regulación municipal. Lo razonable y lo responsable es suspender las sanciones, dejar de generar inseguridad jurídica y abrir inmediatamente un proceso de modificación de la ordenanza”.
La movilidad sostenible no se puede decretar a golpe de multas
La portavoz adjunta del grupo municipal ha concluido su denuncia con un aviso para todas las Zonas de Bajas Emisiones: “La movilidad sostenible no se decreta, y mucho menos se construye a golpe de multa. Primero hay que ofrecer alternativas y después establecer restricciones. Lo que necesitamos son políticas de movilidad que reduzcan las emisiones, pero que sean socialmente justas, que no penalicen a quienes tienen menos recursos y que garanticen alternativas eficaces para desplazarse. El propósito de una Zona de Bajas Emisiones debe ser reducir la contaminación, no recaudar”.
