Quiero añadir gratis Autopista como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
La cifra saltó a primera plana hace ya más de tres meses: más de 3,5 millones de multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid podrían ser anuladas por ilegales. Los tribunales de la comunidad ya habían dictado varias sentencias en contra de los procedimientos del Consistorio de la capital y, pese a ello, su administración continuaba emitiendo denuncias que pueden ser fácilmente impugnadas.
Pues bien, semanas después los tribunales siguen dando la razón a casi todos y cada uno de los recurrentes. Así lo denuncia ya Dvuelta, la asociación de defensa de los automovilistas, confirmando que en apenas 20 meses, desde enero de 2025 a agosto de 2026, ha ganado ya nada menos que 1.333 sentencias al Ayuntamiento de Madrid debido a sanciones impuestas ilegalmente en su Zona de Bajas Emisiones.
Dvuelta gana más del 90% de los recursos ante el Ayuntamiento de Madrid
En concreto, la entidad asegura que sigue ganando más del 90 por ciento de los procedimientos que interpone frente al Ayuntamiento de Madrid, subrayando además que hasta el 72,5% de todas las sentencias judiciales que pierde el propio Consistorio de la capital por multas de tráfico corresponden a sanciones en su Zona de Bajas Emisiones. Además, en hasta el 63,11 por ciento de los fallos la Justicia madrileña ha condenado también a la administración que dirige José Luis Martínez-Almeida al pago de las costas procesales.
Dvuelta explica que continuará así llevando ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid cientos de multas emitidas ya en sus Zonas de Bajas Emisiones al considerar que la Administración de la capital “no respeta a los Tribunales de Justicia”. Pero, ¿cuál es el motivo principal por el que la Justicia madrileña sigue fallando en contra del Ayuntamiento?
El Ayuntamiento de Madrid no cumple con la legislación en sus ZBE
Según nos explica Dvuelta, “el motivo fundamental por el que los Tribunales tumban las multas en ZBE es que el Ayuntamiento no cumple con el requisito exigido por la propia legislación municipal, que obliga a acreditar documentalmente la instalación de carteles informativos, en lugares visibles, que avisen a los conductores de la captación y transmisión de datos o imágenes para el control de acceso”. La asociación continúa asegurando que, “en la práctica totalidad de los procedimientos no se ha aportado documento alguno que demuestre la existencia de la señalización reglamentaria, lo que provoca la nulidad de las sanciones por vulneración de derechos básicos de información y defensa”.
Además, la entidad de defensa de los automovilistas también denuncia que, en la mayoría de estos procedimientos abiertos, “el Ayuntamiento no comparece en las vistas en sede judicial. El juez resuelve entonces sin contradicción, con el expediente administrativo como único contrapeso”. Dvuelta constata que “esa práctica ha generado malestar expreso entre jueces y magistrados de lo contencioso-administrativo de Madrid, que reciben un volumen creciente de asuntos que la Administración autora del acto no defiende”. Y denuncian que “el coste es público por partida doble: el tiempo de los juzgados y las costas, que pagan todos los madrileños con sus impuestos”.
Dvuelta finaliza su denuncia constatando que el Ayuntamiento de Madrid “conoce el defecto (por el que los tribunales fallan en su contra) y no lo corrige”. Para la asociación de conductores, “esa insistencia solo se explica por la recaudación. En 2025 el Ayuntamiento reconoció el ingreso de 283 millones de euros en multas. Dvuelta sostiene que el Ayuntamiento antepone el dinero a la legalidad de sus propios procedimientos”.
