Y a la 14… llegó la perdida. Tras hasta 13 sentencias judiciales anulando temporalmente en España hasta 8 Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), sentando un precedente que sugería que, por múltiples factores, estas áreas ya masivas con restricciones para coches en nuestro país podrían llegara a tumbarse, tal y como ha ocurrido en Francia, donde la Asamblea Nacional las ha eliminado todas por considerar que “penalizan a los hogares con bajos ingresos”, una importante y pionera resolución definitivamente las avala.
Y es que, tal y como informa hoy El Periódico, una importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha resuelto definitivamente que el Ayuntamiento de Barcelona, una de las primeras ciudades donde se anuló la ZBE por orden judicial, puede seguir multando y sancionando en base a su ordenanza municipal que aprobaba las restricciones para coches desde enero de 2023.
Importante precedente para numerosas ciudades de España
El nuevo auto judicial de la Sala de lo Contencioso del TSJC, al que ha tenido acceso El Periódico, considera así que la administración local no tiene por qué anular multas de oficio y sienta un importante precedente, no solo fundamentalmente para el resto de ayuntamientos del área de Barcelona a los que la Justicia también anuló inicialmente sus regulaciones, sino incluso para el resto de ciudades donde ha ocurrido algo similar en España.
Recordamos que diferentes sentencias judiciales en Cataluña, Madrid, Asturias, Extremadura y Castilla y León han llegado a anular temporalmente las Zonas de Bajas Emisiones de otras ciudades como Madrid, Gijón, Cornellá de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adriá de Besós, Segovia y Ávila, poniendo en entredicho la ejecución de las más de 120 ciudades que aún tienen que implantar por ley una ZBE en nuestro país. A consecuencia de ello, importantes asociaciones como el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) han llegado a afirmar que estas áreas con restricciones “tienen los días contados en España” por ser discriminatorias y que podrían eliminarse ya “por rectificación política o, más probablemente, por la vía judicial”.
Ahora, el TSJC de Cataluña emite la primera resolución importante sobre una ejecución de sentencia contra una Zona de Bajas Emisiones, suponiendo un nuevo precedente no conocido hasta la fecha y que podría tumbar las denuncias efectuadas hasta la fecha contra estas áreas por defectos de forma en tramitaciones, por ausencias de informes de impacto económico o por considerarlas discriminatorias.
Barcelona puede seguir sancionando y no tiene por qué paralizar su ZBE
Así, pese al primer revés judicial, el Ayuntamiento de Barcelona podrá ahora seguir sancionando en su Zona de Bajas Emisiones y concluye el interrogante que hasta ahora sobrevolaba a la Ciudad Condal para saber qué podría ocurrir con estas restricciones a la circulación de vehículos, recogidas teóricamente por ley en el municipio, siempre con el aval de la Ley de Cambio Climático que el Gobierno aprobó hace dos años y que obliga a imponer estas zonas a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de España, así como a los territorios insulares y a las poblaciones de más de 20.000 habitantes con incumplimientos en materia de calidad del aire.
La resolución judicial del TSJC considera ahora por tanto que Barcelona no tiene por qué anular de oficio las multas en su Zona de Bajas Emisiones, niega que el Ayuntamiento deba paralizar cualquier procedimiento sancionador, asegurando que tiene esta competencia, y, finalmente, confirma que su Sala no tiene competencia para prohibir al Consistorio que apruebe ordenanzas referidas a las Zonas de Bajas Emisiones.
Por último, según informa El Periódico, la sentencia judicial también aclara qué sanciones son susceptibles de devolución y cuáles no tras una resolución. Según se declara, las administraciones locales únicamente podrán reintegrar a la ciudadanía sanciones que hayan sido recurridas y que no sean aún firmes o que no se hayan ejecutado por completo, es decir, que estén en fase de embargo provisional. El TSJC, eso sí, asegura que cualquier ciudadano que lo considere oportuno puede por supuesto recurrir cualquier multa por Zona de Bajas Emisiones, como ocurre con cualquier sanción de toda índole.
Ante estos reveses judiciales, muchos ayuntamientos han iniciado también una estrategia coordinada para blindarse de futuras sentencias que puedan llegar a tumbar de nuevo sus Zonas de Bajas Emisiones, remitiendo con sus normativas, directamente ya, a leyes estatales, como la Ley de Tráfico o la Ley de Cambio Climático, antes mencionada, en lugar de hacerlo directamente a ordenanzas locales como antes. De este modo parecen ya protegerse legalmente ante futuras devoluciones de sanciones derivadas de sentencias judiciales. Parece, por tanto, que tumbar las ZBE en España no va a ser tan fácil como en Francia.
