Sucedió hace solo unos días. El robo de cables de señalización en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla derivó en un caos ferroviario que paralizó la circulación durante horas y afectó a más de 30 trenes y 10.000 pasajeros. Un suceso que, aunque no se trata de un hecho aislado, sí ha puesto de relieve un problema aún mayor.
Y es que lo que empezó hace ya una década con el robo de cable ferroviario, ahora se ha trasladado a los cables de carga de los coches eléctricos, tanto domésticos como públicos, una nueva mina fácil de explotar, pero difícil de vigilar y desprotegida ante los amigos de lo ajeno.
El cobre, un metal cada vez más valioso
El cobre es esencial para la movilidad eléctrica. Este metal se utiliza en los motores eléctricos, las baterías y, sobre todo, en el cableado de recarga. Solo un coche eléctrico contiene entre 80 y 100 kg de cobre, frente a los 20 kg de un coche convencional.
A nivel global, la demanda de cobre está en auge. Según apunta ya la consultora S&P Global, en 2035 el mundo necesitará más del doble de cobre para alimentar la transición energética. Y es precisamente esta presión la que ha disparado el precio del metal, que actualmente ronda los 9.000 dólares por tonelada en el mercado internacional, o lo que es lo mismo, unos 7,5 € por kilo en chatarrerías locales.
Este alto valor ha convertido a los cables en el objetivo de los delincuentes, que cortan las conexiones incluso con los coches enchufados, especialmente en cargadores rápidos y supercargadores.
Un problema a nivel mundial
Los cargadores públicos de alta potencia (DC o supercargadores) son especialmente vulnerables. No solo están expuestos físicamente, sino que también utilizan cables gruesos, largos y con mayor cantidad de cobre. En países como Estados Unidos, varias estaciones de Tesla han sido atacadas, dejándolas fuera de servicio durante días. Los delincuentes actúan con rapidez y precisión: con una simple cizalla seccionan los cables, retirando kilos de cobre que luego pueden revender en el mercado negro por unos 7,5 euros el kilo, según las estimaciones más recientes.
Esta oleada de delincuencia contra los cargadores de coches eléctricos se ha trasladado a Europa, donde ya se han dado varios casos en Francia, Holanda y Alemania. Ahora, se teme que el fenómeno se extienda a España, donde la red de recarga aún está muy verde y muchas estaciones están poco vigiladas.
Además, muchos usuarios de vehículos eléctricos han reportado el robo de sus propios cables de carga portátil, que tienen un precio de entre 100 y 200 euros, y también contienen cobre suficiente para resultar rentables en el mercado negro.
El plan de infraestructuras de recarga en España prevé ya rebasar los 100.000 puntos de carga pública en 2030, lo que sin duda va a plantear un gran reto: proteger toda esta infraestructura de los robos y el vandalismo.
¿Cuál es la solución?
Los operadores de carga ya se han puesto manos a la obra en busca de posibles soluciones ante esta nueva amenaza. Así, se están implementando sistemas de videovigilancia, alarmas en los cables, sensores de corte y alertas automáticas conectadas a centros de control.
Además, ya se está estudiando el diseño de cargadores más seguros, con cables integrados, menos accesibles o protegidos con materiales que desincentiven el robo. También se valora reemplazar parte del cobre por aleaciones menos atractivas para el mercado negro, sin embargo esta solución podría derivar en un aumento del coste de producción.
