Con polémica, con frases ambiguas pero con el objetivo claro y marcado de que, a partir de 2040, no se puedan matricular ya en España los coches con emisiones contaminantes (es decir, los vehículos diésel, gasolina e híbridos), el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya es realidad. Ayer martes 19 de mayo, finalmente el Consejo de Ministros lo aprobó y envió a las Cortes para su aprobación parlamentaria.
Evidentemente, la movilidad acaparó gran parte del protagonismo, junto a la obligación de uso y consumo de energías renovables, pero el proyecto de ley contempla muchas actuaciones más y muy importantes. Como la obligatoriedad de que las grandes estaciones de servicio y gasolineras cuenten con al menos un puesto de recarga para coches eléctricos… o, como sobre todo, la noticia que ahora te traemos y que, posiblemente, termine por afectar también a una gran parte de la población española.
Restricciones con más de 50.000 habitantes
Y es que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética contempla también una exigencia muy clara hacia todos los municipios del país con más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares. A ellos se les marca ya la obligatoriedad de poner en marcha zonas de bajas emisiones a no más tardar de 2023, es decir, en un plazo incluso menor a 3 años.
Esta medida contemplada por ley, si se aprueba finalmente en el Congreso, obligará a introducir las zonas de bajas emisiones en las nuevas planificaciones de ordenación urbana de todos estos municipios, con el objetivo de mitigar y reducir las emisiones contaminantes derivadas de la movilidad. Obviamente, en la práctica supone limitar la circulación de vehículos en algunas zonas de estas ciudades o pueblos.
Para ello, todos estos municipios deben comenzar ya prácticamente a fomentar el uso de los vehículos eléctricos, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie, tal y como recoge el proyecto de ley.
Zonas de bajas emisiones, sin regresión
Pero además esta nueva Ley de Cambio Climático también pretende blindar las zonas de bajas emisiones actuales y las de futuro, contemplando ya que cualquier medida que suponga una regresión de estas actuaciones (tal y como ocurrió con Madrid Central con el cambio de gobierno de alcaldía) deberá contar con el informe previo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente.
