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El 1 de enero de 2023 todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes debían haber tenido activa una Zona de Bajas Emisiones. Por aquel entonces solo unas pocas se habían preparado adecuadamente de las 151 que estaban reguladas. Y con un largo etcétera de excusas, la realidad es que ahora mismo se contabilizan 68 municipios “en regla”, lo que supone un 45% del total.
El Gobierno mete prisa a los Ayuntamientos
A principios de este mes, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros una modificación del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, con el que se pretende acabar con toda la problemática de las Zonas de Bajas Emisiones. Y es que, hay que reconocer, que muchos consistorios se han quejado, con razón, de que la normativa no era muy concreta lo que había provocado que muchas normativas se hayan terminado denunciando a la justicia, como te hemos contado en Málaga, por poner un ejemplo.
Desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han indicado que “las entidades locales obligadas a establecer zonas de bajas emisiones deberán acreditar documentalmente el cumplimiento efectivo de los requisitos establecidos. Para ello, tendrán que comunicar la entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos atendiendo a su potencial contaminante, así como la aplicación efectiva de los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento”.
Indirectamente, porque esto no se ha comentado en los canales oficiales, desde el Gobierno se ha amenazado a los ayuntamientos “rebeldes” con perder diferentes ayudas como pueden ser las destinadas al transporte público. Aún así, como te contaré más adelante, muchos consistorios han decidido mantener su postura, quizás porque esperan que cambie en Ejecutivo en las próximas elecciones y se modifique esta política.
El objetivo principal del Gobierno que ha provocado la modificación del Real Decreto ha sido acabar con las moratorias que están aplicando muchos ayuntamientos para intentar alargar su implantación lo más posible, con aquellas zonas sin restricciones de acceso en función de la etiqueta medioambiental o áreas que coinciden con espacios que ya contaban previamente con limitaciones al tráfico”.
Zamora no tiene pensando aplicar la Zona de Bajas Emisiones
Una de esas 68 ciudades que todavía no tiene aprobada la Zona de Bajas Emisiones es Zamora. Un caso curioso, porque en la mayoría de las que muestran su negativa son gobernadas por el PP o VOX, mientras que en la localidad castellana lo hace Izquierda Unida. Allí, como se puede leer en la Cadena Ser, siguen con la intención de demorar su aplicación efectiva y todavía no han señalado una fecha para su entrada en vigor.
Es más, en el mismo artículo se puede leer que su única intención es colocar un medidor de gases contaminantes en una zona cercana a las calles de Cortinas de San Miguel, Brasa y Luis Ulloa Pereira, como ha confirmado Pablo Novo, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora, en la programación local de la radio. Es más, indicó que “si se superarse el límite de contaminación, un extremo que ve imposible, sí se impediría la circulación de vehículos y se impondrán sanciones”.
A quién afectará más
Más allá del caso puntual de Zamora, y de alguna más que se apunte a ese carro, lo normal sería que la mayoría de las 68 ciudades que quedan por implantar su Zona de Bajas Emisiones lo hagan próximamente. Esto sin duda afectará a muchos conductores en todo el país, pues todavía circulan muchos coches sin etiqueta, que son los más señalados por este tipo de normativas.
Pero claro, aunque en un primer momento se apunte a los coches sin distintivo ambiental, el siguiente escalón es para los etiqueta B o C, más modernos que los anteriores y con un parque mayor. Para hacernos una idea, más de una decena de estas ZBE aplican ya algún tipo de limitación a estos vehículos y otras muchas lo empezarán a hacer en los años venideros.
