Los conductores catalanes ya lo están sufriendo y quién sabe si pronto más comunidades autónomas del país se sumarán a esta nueva tasa impositiva. Porque sí, Cataluña ya es la primera y única autonomía que grava de momento las emisiones de los vehículos, a través del que hoy es conocido ya como Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Más popularmente llamado Impuesto de CO2, esta tasa se estrenó en 2021.
Los conductores que tienen que pagar son ya más de 4,6 millones
Desde entonces, en su primera recaudación, la de 2021, este impuesto obligó a pagar a más de 3,9 millones de contribuyentes catalanes, resultando una recaudación total de 30,25 millones de euros. En su segundo año de aplicación, el del ejercicio pasado, de momento son ya 4,65 millones de conductores los que tendrán que abonar una nueva tasa que repercutirá en más de 41 millones de euros para la administración. Y tienen que pagarla ya.
De hecho, la propia Agencia Tributaria de Catalunya ha avisado ya a los propietarios de automóviles afectados (puedes consultar aquí con tu matrícula si tienes que pagar la tasa o no) de que el plazo voluntario de pago del 2022 se agota y que, transcurrido, “se comenzarán a aplicar recargos y se puede exigir el pago por la vía ejecutiva”. En concreto, el cargo del pasado año se efectuará directamente este próximo lunes día 20 de noviembre para todos aquellos ciudadanos afectados que hayan domiciliado el pago; los que no, deberán pagar también antes del 20 de noviembre, como constaba en el padrón emitido por la Generalitat. Las personas titulares de vehículos nuevos habrán o estarán recibiendo ya la nueva notificación de liquidación, y tienen que pagar el día 20 del mes siguiente a recibirla, si lo hicieron entre los días y 15 de mes, o el día 5 del segundo mes posterior, si lo recibieron entre los días 16 y el último de mes correspondiente.
Estos son todos los coches que tienen que pagar la nueva tasa
Nacido este nuevo impuesto como un tributo propio de la Generalitat de Cataluña, con carácter finalista y cuya recaudación se destina a partes iguales al Fondo Climático y al de Patrimonio Natural, en principio están afectados de pagar los titulares de turismos o motocicletas que tengan emisiones oficiales de más de 120 g/km de CO2, o de más de 160 g/km en el caso de furgonetas.
Están exentos el resto, es decir, sobre todo los vehículos 100% eléctricos, ciclomotores, camiones o vehículos de más de 3,5 toneladas, autocares, vehículos autorizados para transportar a más de 9 personas, los adaptados a personas con movilidad reducida y los catalogados como históricos o clásicos.
Un impuesto discriminatorio y que hunde las matriculaciones
Considerado como un agravio comparativo respecto al resto de autonomías, Fecavem (la patronal catalana de automoción) ha denunciado este miércoles las graves consecuencias que está provocando en la región la implantación de esta tasa, asegurando que, desde su anuncio, Cataluña ha rebajado el peso de las matriculaciones en España de un 15,7% del total al 11,8% actual. La asociación asegura además que provoca una discriminación respecto a los vehículos que circulan por la comunidad pero están domiciliados fuera de Cataluña.
Por todo ello, Fecavem asegura que se están matriculando muchos vehículos que circulan por sus carreteras fuera de la comunidad, penalizando las matriculaciones y los impuestos locales. En el sector del renting, por ejemplo, la patronal asegura que en Madrid se matriculan ya el 94% del total de España, y en Cataluña solo el 0,5%, mientras que en el rentacar, ligado al sector turístico, Madrid tiene una cuota del 68,9%, mientras que Cataluña apenas matricula el 4,2%, teniendo en cuenta que Barcelona es líder en el servicio del turismo, con las Islas Canarias o Baleares incluso superándoles también en ventas en este canal de alquiler.
Fecavem anuncia, por último, que se ha dirigido ya a los principales partidos políticos del Parlamento de Cataluña para pedir urgentemente la revisión de este Impuesto de CO2 o la supresión inmediata porque, “en lugar de encontrar algún beneficio, lo que constatamos son agravios comparativos, económicos, sociales e, incluso, ecológicos para Cataluña y su ciudadanía”.
