No hay vuelta atrás: en España pagaremos por el uso de las principales infraestructuras de la red estatal… aunque, finalmente, será algo más tarde lo que inicialmente se preveía. Comprometida esta medida con la Unión Europea dentro del Plan de Transformación y Resiliencia que el Gobierno envió a Bruselas, donde el anuncio de una serie de reformas (entre las que se incluía este nuevo mecanismo de pago) permitían a España obtener a cambio hasta 140.000 millones de euros de fondos europeos, de momento la coyuntura social y económica ha obligado a aplazar su implantación.
¿Quiere eso decir que se anulará la medida? No, los fondos comprometidos son muchos y el Gobierno no va a renunciar a ellos, ya que dependen de la aprobación de todos los deberes adquiridos. Sin embargo, ante el alza de los combustibles y la elevada inflación, de momento no es viable incrementar más los costes a un sector general, el del transporte, y a unos usuarios particulares, todos los ciudadanos, que ya están acusando grandes dificultades económicas. Así que parece seguro que en 2023 no se aplicará, tal y como estaba previsto inicialmente, aunque sí podría aprobarse en 2024 si las circunstancias lo permitiesen.
Al mismo tiempo, eso sí, hay que recordar también que en los últimos meses algunas carreteras que hasta ahora eran gratuitas han pasado ya en 2023 a ser las primeras de pago en España. En esta ocasión no es por compromiso del Gobierno, sino por actuaciones concretas de algunos territorios, como la Diputación Foral de Guipúzcoa, que ya ha estrenado peajes en tramos de la A-636, de la BI-625, N-240, A-8 ó N-636, algunos de ellos de momento solo para camiones y transporte pesado.
Así afectarán las autovías de pago a la movilidad: ¿más muertes en accidentes?
Pero, conocido este nuevo paso que tarde o temprano se aplicará en España para las carreteras de pago como método de financiación de las infraestructuras, ¿cómo afectará a la circulación de vehículos? Según informa hoy Alphabet, la compañía de gestión de flotas y movilidad corporativa, los datos de su último Foro de Movilidad aseguran que hasta “un 68% de los españoles estarán dispuestos a cambiar su ruta a una carretera secundaria, a pesar de su índice de siniestralidad mayor, si tienen que pagar por el uso de las autovías”.
Este dato debería ya, de inicio, comenzar a preocupar a los responsables de la DGT y del Ministerio del Interior, precisamente cuando hemos conocido en este arranque de 2023 que los fallecidos en carretera se han incrementado entre un 4 y casi un 15 por ciento, en función si se comparan los registros con el año pasado o con 2019, año ya pre-pandemia. El problema llega en que la mayoría de los siniestros mortales han ocurrido precisamente en las vías secundarias.
Y es que, en concreto, de las 1.145 personas fallecidas durante todo 2022 en las carreteras de España, nada menos que 883 víctimas, el 73 por ciento del total, murieron precisamente en carreteras convencionales. Hay que volver a recalcar que según la encuesta de Alphabet, casi 7 de cada 10 conductores valoraría ya viajar por este tipo de carretera, en lugar por las vías rápidas, si se confirma el pago por uso de las autovías.
La medida de pago por uso de las infraestructuras, obviamente, cuenta con un amplio rechazo de la sociedad, como también demuestran los datos de este Foro de Movilidad. Un 91 por ciento de los encuestados está en contra de la medida, con un 63% considerando además que únicamente se tiene intención de aplicar por “fines recaudatorios”.
