No va a ser fácil implantar en España todas las Zonas de Bajas Emisiones obligatorias que deberían ya estar en vigor desde el pasado mes de enero de este 2023. Cuando apenas un tercio de estas poblaciones ha creado estas áreas restrictivas de circulación (no olvidemos que en mayo hay elecciones municipales y son muchos los ayuntamientos que prefieren esperar para no ver comprometidos sus votos), muchas de ellas también se han dado en los últimos meses de bruces con la Justicia.
Es el caso de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona y su Área Metropolitana, una de las pioneras en nuestro país, y que ya vio hace un año cómo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulaba la Ordenanza que la regulaba, a través de hasta 6 sentencias razonadas que consideraban, entre otras causas, una excesiva limitación a los titulares de los vehículos afectados, un gran impacto en la competencia y en el mercado, falta de estudios sobre medidas alternativas o menos restrictivas y una delimitación territorial de la ZBE que excede las competencias del propio Ayuntamiento de la Ciudad Condal.
Ante esta realidad, y mientras el propio Ayuntamiento de Barcelona espera la resolución definitiva de un recurso de casación ya presentado ante el Tribunal Supremo, la propia administración municipal ha tramitado ya una nueva Ordenanza que espera pueda ser ya aprobada por la Justicia y que, silenciosamente, ha entrado en vigor este pasado día 21 de febrero sin apenas comunicarse oficialmente. El plazo ahora para recurrirla termina este próximo día 21 de abril.
Así es la nueva Ordenanza de Barcelona sobre las Zonas de Bajas Emisiones
Pero, ¿qué dice y en qué cambia esta nueva Ordenanza de Barcelona que tiene previsto regular ya la nueva Zona de Bajas Emisiones? Aunque expertos jurídicos consideran que, prácticamente, es una copia de la anterior, la novedad principal es que ahora introduce un artículo en el que se asegura proteger a los sectores de población con rentas más bajas.
De este modo, la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona amplía ya el número de autorizaciones para el uso ocasional de vehículos a esta área con restricciones, así como también para los profesionales con edad próxima a la jubilación, que emplean su vehículo para trabajar y no están en disposición de cambiarlo para poder acceder a estas zonas.
Una de las grandes dudas que ahora quedan es saber qué pasará con las sanciones ya impuestas si, definitivamente y tal y como parece, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia de los tribunales catalanes y mantiene la anulación de esta Zona de Bajas Emisiones. Hay que recordar que en este tiempo, en Barcelona se han impuesto un total de más de 150.000 multas que representan una recaudación de más de 30 millones de euros. O el Ayuntamiento debería devolverlos, o renunciar a cobrarlos.
