La formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez va tomando forma. Y entre los grandes anuncios de los últimos días y horas hemos conocido que Teresa Ribera mantendrá su cargo como ministra, esta vez bajo la cartera de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y, además, ha sido nombrada vicepresidenta del Gobierno, lo que da una idea del peso que quiere dar Sánchez a Ribera.
Como es de esperar, Teresa Ribera intentará sacar adelante su Ley de Cambio Climático y Plan Integrado de Energía y Clima, cuyos primeros pasos ya se han ido dando con redacciones del texto que fueron modificadas en distintas ocasiones durante la anterior legislatura. En ella, finalmente, se anunció que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima no prohibiría el diésel. Al menos si antes no lo hacía la Unión Europea, a la que seguiría en las decisiones que se tomaran para alcanzar su objetivo de “cero emisiones" en 2050.
Este cambio de tercio sirvió para mitigar ligeramente las declaraciones que la propia Ribera había hecho unos meses antes, en los que aseguraba que “el diésel tiene los días contados". Declaraciones que alertaron a buena parte de la población y que fueron contestadas por nuestro director técnico, Miguel García Puente, en el que explicaba por qué este combustible aún tiene mucha vida por delante.
De una manera u otra, es evidente que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico tendrá más poder de lo que nunca ha tenido una cartera similar en nuestro país, impulsada por su vicepresidencia pero también por los recursos que el Ejecutivo espera destinar a frenar el cambio climático en nuestro país.
Según Libre Mercado, Ribera tiene en mente un “Plan E Verde" para el que se destinarán 200.000 millones de euros a lo largo de 10 años. Con el 40 por ciento de este presupuesto se pretende promover las energías renovables y con otro 40 por ciento ese espera mejorar la eficiencia energética de nuestro país. El 20 por ciento restante será aplicado en distintos frentes de menor importancia.
A estos planes habría que sumar la intención del Gobierno de subir el precio del combustible diésel. Esta subida no iría ligada a un aumento del precio del combustible pues la intención es eliminar las bonificaciones que el diésel tiene sobre la gasolina. Esperan que igualando su precio, el grueso de la población opte por un combustible que el Ejecutivo considera menos contaminante.
Y no debemos olvidarnos de las restricciones al tráfico rodado en las ciudades de más de 50.000 habitantes. El nuevo Gobierno ya ha dejado caer que su intención es establecer planes similares a los que ya hemos visto en Madrid y Barcelona, máxime cuando uno de los apoyos del Ejecutivo dependen del grupo Más País, el cual acoge a Inés Sabanés, diputada electa por este partido político y que fue una de las grandes impulsoras de Madrid Central.
