La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha hecho público un comunicado en el que asegura que recurrirán todas las multas de Madrid Central que se interpongan a los conductores que formen parte de su plataforma, al entender que existen algunas lagunas legales que invalidarían el castigo económico.
Según la plataforma de asociados, “a ningún ciudadano se le puede exigir el cumplimiento de una obligación, y mucho menos restringir su derecho a la libre circulación, sin que previamente exista una norma con rango de ley que lo ampare", palabras que ya han sido reflejadas en el recurso que AEA ya interpuso contra la entrada en vigor de Madrid Central.
Una parte importante de las quejas de la asociación están relacionadas con la clasificación que ha llevado a cabo la DGT y sus criterios para entregar a cada vehículo y motorización los distintivos medioambientales (o negarles esta posibilidad).
Según AEA, la DGT tendría que haber notificado a los afectados cuál era la clasificación medioambiental que iban a llevar a cabo, ya que al no haber hecho una publicación expresa a los dueños del vehículo, éstos se han encontrado desamparados en el caso de que hubieran querido interponer un recurso. Hay que recordar que con la clasificación realizada por la DGT, la misma motorización, matriculada con meses de diferencia, puede ser objeto de distintos tipos de distintivo (B o C) e, incluso, carecer de ella.
DGT: ¿falta de competencias?
Además, desde Automovilistas Europeos Asociados también señalan que la DGT no tendría competencias para establecer la clasificación de vehículos que finalmente se ha llevado a cabo. “Ni la DGT tiene competencias para ello, ni la ley ha determinado quién debe expedir el distintivo, ni su formato, ni las prescripciones técnicas, ni tan siquiera el coste de expedición y quién debe asumirlo", aseguran.
Precisamente sobre este último problema descansa su otra reclamación. Según la organización, que algunas entidades privadas estén cobrando por expedir la pegatina de la DGT (con un precio que oscila entre 5 y 10 euros) podría suponer una exacción ilegal, ya que no se ha regulado por ley el cobro de una tasa o un precio público por la prestación de un servicio de solicitud o recepción obligatoria.
Y, por último, desde AEA no olvidan que la DGT envió gratuitamente el distintivo a unos 4,5 millones de conductores, pero luego impuso un pago de 5 euros en Correos para el resto de propietarios (se calcula que unos 14 millones) lo que supone un desagravio hacia ellos, pidiendo a la DGT que devuelva este dinero, valorado en unos 70 millones de euros.
