En la próxima legislatura se debería abordar el debate sobre si las autovías españolas tienen que pasar a ser de pago. Esta es la idea que mantiene el Ministerio de Fomento a través de Julián Lopez Milla, secretario de general de Infraestructuras, tal y como recoge El Mundo.
Según el propio Milla, desde 2012 se acumula en España un déficit de 2.000 millones de euros en mantenimiento de carreteras, por lo que ya se propuso una subcomisión para abordar este problema y buscar una nueva fuente de financiación, que podría suponer el pago por uso de las autopistas españolas.
Sin embargo, esta subcomisión nunca llegó a formarse, consecuencia del adelanto de las elecciones, pero desde el Ministerio de Fomento aseguran que este debate se tendrá que abrir “para definir el modelo de financiación" en la próxima legislatura, en declaraciones a Europa Press.
Una proposición que no es nueva
Pero la intención del Gobierno de entablar un debate sobre posibles peajes al uso de las carreteras de nuestro país no es nueva. En el Encuentro del Sector de las Infraestructuras organizado por Deloitte y ABC, Milla ya aseguró que “sólo hay dos opciones, o se conservan (las carreteras) o mantienen con fondos públicos procedentes de los Presupuestos o con alternativas que supongan el pago por los usuarios".
Además, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también se mantuvo en la misma línea de pensamiento, asegurando que hay que buscar un “marco de financiación de infraestructuras justo y equitativo y que permita un nivel de inversión estable y sostenible en el largo plazo. (…) Lo que no es sostenible es bajar impuestos y aumentar la inversión, o contamos con un modelo alternativo o con los tributos".
Tal y como recogimos semanas atrás en Autopista, el mantenimiento de las carreteras españolas nos cuesta a los contribuyentes 11.000 millones de euros anuales, una cantidad cada vez más difícil de recaudar y para la que se habría pensado una alternativa de pago por uso, que según El Confidencial, estaría situada en una horquilla de entre 3 y 15 céntimos por kilómetro en función de las emisiones contaminantes de nuestro automóvil. Es decir, cruzar la Península pasaría a costar entre 30 y 146 euros (Cádiz-Bilbao) si se aplicaran estos precios.