La nueva ley del taxi divide Barcelona

En la actualidad, Barcelona ultima la Ley del Taxi, un documento que se convertirá en pionero en nuestro país, ya que no hay una legislación exclusiva para este sector en ninguna otra región.

El Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) acaba de presentar un borrador a la Generalitat en el que se recogen unos cambios que consideran fundamentales para que "el sector tenga la suficiente cobertura legal", pero que han puesto en pie de guerra a algunos taxistas.

Desde el IMET, Pilar Molina, comenta que se trata principalmente de un cambio "semántico", por el que los taxistas pasan a ser "adjudicatarios" y no "propietarios" de las licencias. Con este matiz, el IMET quiere recalcar que la titularidad corresponde a la Administración, la única que puede decidir a quién pasa las licencias, ya que, hasta ahora, este trámite era pactado entre los conductores.

Según Pilar Molina, el resto de atribuciones no se variarán y los taxistas podrán seguir disfrutando del dinero de la venta de las licencias cuando se jubilen.

El Gremio Unión de Taxistas (GUT), en boca de su presidente, Bernardo Rodríguez, ha afirmado que el IMET, en el fondo, "quiere acabar con el valor de las licencias" y que practica el "tocomocho" a la hora de su concesión.

¿Faltan taxistas?
Pilar Molina también señala que, a partir de septiembre, se convertirá en obligatorio el trabajo por la noche para aquellos taxistas que acaben de conseguir sus licencias. Con esta medida, el IMET pretende "cubrir una demanda social cada vez más creciente".

A Bernardo Rodríguez le resulta paradójico que el IMET hable de falta de taxistas cuando pone "numerosas dificultades" a la hora de permitir contratar conductores asalariados. Además, asegura que es una "aberración" que las denominadas "licencias de verano", aquellas que permiten trabajar sólo durante los tres meses estivales, valgan 8 millones de pesetas.

En otro sentido, según argumenta Rodríguez, obtener el carnet de taxista cada vez es más "difícil y más caro". En los exámenes, llegaron a preguntar "sobre los edificios, o sobre los bancos de Barcelona" y conseguir el permiso puede ascender a más de 250.000 pesetas. Por su parte, desde el IMET se apunta que en el último examen aprobaron el 94 por ciento de las personas que se presentaron.

¿Intromisión o regulación?
Otro punto de fricción entre ambos colectivos se encuentra en la Revisión Metropolitana, un examen administrativo que el IMET lleva a cabo cada año para comprobar el estado del coche. Para esta prueba, independiente de la ITV, que es competencia de la Generalitat, el Instituto ha solicitado que los taxistas presenten un certificado de su vida laboral con el objetivo de comprobar que todas las licencias permitidas estén trabajando, ya que, según recuerda Pilar Molina, esta profesión es incompatible con otros empleos.

Bernardo Rodríguez considera que este nuevo requisito es "una intromisión innecesaria en la vida privada de los taxistas" y resulta injusto, ya que "se está haciendo la vista gorda con policías que poseen licencias y se quiere castigar al pobre currito".

Desde el Gremio Unión de Taxistas, se comenta que con todas estas medidas el IMET sólo quiere "dar palos al profesional, porque su plan de viabilidad ha fracasado". Esta versión no coincide con la del IMET, que argumenta que sólo pretenden "dar la suficiente cobertura legal a un sector que no goza de una regulación propia".

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