La Audiencia Nacional y en concreto Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número dos, ha imputado a la matriz de Volkswagen por su relación con los presuntos delitos de fraude y contra el medio ambiente cometidos con la venta de 683.000 coches con motores trucados. Tal y como informa El Periódico tras acceder al auto, el magistrado ha llegado a esta conclusión: “Procede atribuir a Volkswagen A.G. -sociedad matriz de la multinacional con sede en Wolfsburg- la condición de investigado”. Y es que investigado es la nueva denominación judicial de imputado. El juez añade: “Los hechos investigados pueden constituir un delito de defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas así como incurrir en los ilícitos penales de fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente”.
Como todas las decisiones, la del magistrado Ismael Moreno tiene una base. Ésta no es otra que la petición que la Fiscalía hizo el pasado mes de mayo; en ella se pedía la imputación de la matriz del consorcio alemán con el objetivo de avanzar en la investigación teniendo en cuenta los escollos para aclarar las comparecencias de los representantes de Seat y de Volkswagen-Audi España. Conviene recordar que su defensa se basó en que los motores manipulados fueron suministrados por Volkswagen A.G.
Así las cosas, el fiscal ha afirmado que “existen elementos que permiten indicar que Volkswagen A.G. y Seat S.A. no actúan en el mercado como compartimentos estancos, sino que aquélla mantiene de hecho la dirección de sus actuaciones como una correa de transmisión directa sobre ella”. Lo cierto es que cuando Volkswagen-Audi España compareció ante el juez aseguró que no podía aportar información sobre los responsables “porque los motores se fabrican en Alemania por Volkswagen A.G.”. A esto hay que añadir que la filial española apuntó que el software lleva el sello de Volkswagen son Bosch, Delphi y Conti, pero “ignoran cualquier dato al respecto”.
La carta al Ministro
Por otro lado, en las diligencias judiciales figura una carta cuyo remitente es Francisco Javier García-Sanz -vicepresidente de compras de Volkswagen y presidente del consejo de administración de Seat- y cuyo destinatario es José Manuel Soria, el que por entonces era Ministro de Industria. En la misiva se solicita “el compromiso escrito del Gobierno de España para el caso de que el grupo Volkswagen confirme el mantenimiento del plan de inversiones para sus plantas en España”. No en vano, los sindicatos se encargaron de recordar que el grupo alemán exigía un compromiso con las subvenciones por parte de las administraciones españolas. A cambio, se mantendrían unas inversiones de 3.300 millones hasta el 2019.
Sea como sea, el magistrado ha ordenado que se comunique a la cúpula del grupo que existe tanto un procedimiento penal como el requerimiento para que designe representantes legales en la causa. Y para ello, la Audiencia Nacional expedirá una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Alemania.
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