Así lo avanzó ayer, en declaraciones a Europa Press, el presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold, quien cifró en 13,9 millones de euros la suma que las Administraciones Públicas adeudan a los concesionarios en concepto de adelantos del programa de incentivos a la compra de coches y que no son reconocidas, ni por el Gobierno central ni por los ejecutivos autonómicos.Romero-Haupold advirtió de que en el segundo semestre del año, y como consecuencia del fin de las ayudas para la compra de automóviles, se dejarán de vender 150.000 vehículos, lo que pondrá en peligro 10.000 puestos de trabajo en el sector de distribución. En este sentido, apuntó que el Estado dejará de ingresar 480 millones de euros este año en concepto de impuestos del automóvil.
‘Se va a hacer una reclamación judicial a las Administraciones Públicas’, explicó posteriormente, en rueda de prensa, el máximo responsable de la patronal de concesionarios, al tiempo que resaltó que esta decisión se produce tras un acuerdo alcanzado por el comité ejecutivo de la organización y que ha sido refrendado por las empresas que la componen.
‘El recurso se hará en el menor período de tiempo posible’, añadió y destacó que en el seno de Faconauto existe ‘consternación’ por la actitud del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ya que en su opinión ‘no está dando la cara’ ante el problema al que se enfrentan los concesionarios.
El presidente de
De este total de deuda de las Administraciones Públicas, Romero-Haupold indicó que 44,4 millones de euros corresponden a operaciones en proceso de tramitación, ya que la falta de recursos de determinadas comunidades autónomas ‘está retrasando los pagos de operaciones validadas y comprobadas’.
Asimismo, señaló que los concesionarios de automóviles españoles han adelantado otros 13,9 millones de euros, que no son reconocidos por las Administraciones Públicas como deuda, debido al retraso en la apertura del sistema informático que gestiona las ayudas.
Faconauto explicó que, como consecuencia del colapso del sistema informático, sus asociados no pudieron grabar 11.880 operaciones por un valor de 5,9 millones de euros con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria, y 16.095 operaciones, por un importe de 8 millones de euros, con cargo a las comunidades autónomas.
Por otro lado, Romero-Haupold resaltó que, a pesar de estos problemas, el Plan 2000E ha sido bueno para el sector del automóvil, por lo que se ha solicitado al Gobierno el mantenimiento de las ayudas a la compra de automóviles.
No obstante, indicó que ante la posible negativa del Gobierno ha reclamado la eliminación o la suspensión temporal del Impuesto de Matriculación, puesto que representa un tributo ‘de lujo’ y ‘anacrónico’.
