La tensión va en aumento desde el pasado viernes. Fue entonces cuando, aunque ya era un secreto a voces, Ford anunciaba oficialmente que ponía en marcha la negociación con los sindicatos de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectaría nada menos que a 1.144 personas en España. En las últimas horas además hemos conocido que ese reparto se efectuaría con un total de 960 despidos en su planta de vehículos en Almussafes (Valencia), mientras que el resto se repartiría entre plantas de motores (con más de un centenar de despidos) y las oficinas de Valencia y Madrid.
El anuncio de Ford se justifica internamente en la compañía con objetivo de ajustar la dimensión de la plantilla a los próximos niveles de producción previstos y a la restructuración profunda de sus operaciones en Europa. Hay que recordar que en abril de este pasado año ya se confirmó el cese de la fabricación de los modelos S-Max y Galaxy en Almussafes, que permanecería únicamente fabricando de momento el Kuga.
La situación así se mantendría hasta la llegada, a partir de 2025, de nuevos vehículos electrificados, ya que Almussafes ha sido la planta elegida por Ford para producir modelos de la nueva plataforma eléctrica GE2. Sin embargo, también es verdad que la propia Ford ya confirmó al mismo tiempo que la transformación de esta producción supondría redimensionar la plantilla, “porque la fabricación de vehículos eléctricos requiere de menos mano de obra”.
Y en este punto, en el del compromiso con la nueva electrificación, es donde más tensión se va a producir en los próximos días. Y es que, aunque Ford no formó parte del último Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), la compañía sí tenía prometidas una serie de ayudas públicas para garantizar sus empleos en España que, ahora, podrían estar en el aire.
Así, al menos, lo anunció ayer la propia ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, avisando a Ford de que “cualquier ayuda pública a la que quiera acceder la compañía estará condicionada a garantizar el empleo en su planta de Almussafes”. La advertencia la ha emitido durante la firma de un nuevo convenio de reindustrialización de los terrenos de Nissan en la Zona Franca de Barcelona.
Maroto ha asegurado que el Gobierno trabajará con la compañía en las negociaciones, “pero siempre por la garantía de los puestos de trabajo”. “Esperemos un acuerdo menos doloroso, haremos lo que hacemos siempre, trabajar de la mano de los empleados y exigir a la empresa garantías, y la mejor garantía es el mantenimiento del empleo”, ha concluido la ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Algo menos contundente, eso sí, se ha mostrado el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, indicando también que “en la inversión pública siempre va a haber una vinculación al empleo”, aunque matizando también que la Administración no debe ser ajena “a la realidad de la industria del automóvil y a su transformación eléctrica”.
El presidente de la Generalitat Valenciana considera que “desde el diálogo se buscará una buena solución. Lo que está claro es que no se puede ser ajenos a la realidad de la industria, tenemos que comprender la realidad de lo que sufren en cada momento las industrias y factorías”.
