Hace unos días la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (ADINE), representante de la mayoría de importadores de neumáticos en España, se reunía con el SEPRONA, la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza. Sobre la mesa, la búsqueda de medidas para luchar contra el fraude en el sector del neumático. Y es que ADINE lleva desde 2016, cuando se presentó la campaña Stop al fraude de neumáticos, luchando contra las actividades ilícitas de algunos productores de neumáticos que no cumplen con las obligaciones legales establecidas, así como el tráfico y la comercialización ilegal de neumáticos.
Estos productores de neumáticos operan al margen de la ley, concretamente del Real Decreto 1619/2005 que regula la gestión sobre los neumáticos fuera de uso. Estas actividades no sólo suponen un grave problema mediaombiental y una clara competencia desleal frente a aquellos que sí cumplen con sus obligaciones, también supone una estafa al consumidor final que ve cómo el importe de esta gestión es más elevada.
Se estima que entre un 15 y un 18 por ciento de los neumáticos que se ponen por primera vez en el mercado español, ya sean nuevos o usados, no son declarados a los SIG, los Sistemas Integrados de Gestión, no contribuyendo de esta forma a los costes de su gestión medioambiental, conocido como Ecovalor. Es decir, existen empresas que importan neumáticos y no contribuyen a ningún SIG para la gestión de estos residuos al final de su vida útil. Esto desemboca además en un aumento de talleres clandestinos y vertidos ilegales.
Gabriel Leal, Director General de SIGNUS Ecovalor, uno de los Sistemas Integrados de Gestión autorizados junto a TNU, estima que “si los productores de neumáticos nuevos o usados procedentes de otros países o de otros flujos nacionales cumplieran con su responsabilidad, se podría reducir el “ecovalor” que paga el consumidor hasta en un 15 por ciento.