En libertad, un motorista “cazado” a 236 km/h

La política de mano dura en las carreteras anunciada por Tráfico no tiene, por el momento, respuesta en los tribunales. Un juzgado de Lleida ha condenado con una pena mínima de 15 meses sin carné a un motorista que circulaba a 236 km/h por una vía con límite de 90 km/h. “El acusado no puso en peligro la vida del resto de automovilistas", concluye la sentencia.

Lleida, 18 de mayo. Un motorista de 30 años, vecino de la localidad de Castellgalí, es sorprendido en una carretera local de la provincia circulando a 236 km/h. Un radar de los Mosssos d’Esquadra (la Policía autonómica catalana) fotografía la infracción en un tramo de vía con limitación máxima de velocidad de 90 km/h. La publicación de esta noticia causó gran conmoción en la sociedad, hasta el punto de que las autoridades de Tráfico y la propia fiscalía prometieron castigar con dureza este tipo de conductas.Ocho meses después, la situación es bien distinta. El Juzgado de lo Penal número 2 de Lleida ha condenado a este motorista a la mínima pena: 15 meses de retirada de carné. El acusado fue, en principio, castigado también a seis meses de cárcel, una pena que finalmente no cumplirá por no tener antecedentes penales.La condena es muy inferior a la petición formulada por la fiscalía durante la vista oral del proceso, donde solicitaba 18 meses de prisión, 6 años y medio de retirada de carné y una multa de 3.240 euros. La acusación consideraba entonces, y sigue pensando ahora, que el motorista actuó con total desprecio a la vida del resto de usuarios de la carretera local.El juzgado de Lleida, sin embargo, no lo entiende así, al considerar que el conductor “únicamente puso en peligro su propia vida", y no la del resto de automovilistas, “al no provocar ni sufrir ningún accidente".La sentencia ha provocado indignación en la consellería catalana de Interior. Su titular y principal defensora de la política de tolerancia cero en las carreteras, Montserrat Tura, ha insistido esta mañana en que “hay que cambiar el ordenamiento jurídico" para que “los temerarios y los suicidas que ponen en peligro la vida de los demás no reciban sólo sanciones administrativas". “Una carretera es un espacio público, como lo puede ser una rambla, y nadie entiende que en una calle peatonal pase alguien dando golpes y empujando y tirando a la gente al suelo", afirma la consellera. Tura apuesta así por trasladar a la carretera “las actitudes cívicas de la calle y, si alguien decide poner en peligro la vida de los demás, tiene que ser castigado en consecuencia".