Desde Moncloa se ha informado a Bruselas que su presupuesto de 300 millones de euros dedicado para el Plan de Recuperación no es suficiente para comprar los 7.000 EV nuevos que se habían estimado originalmente como parte para reducir la contaminación en los desplazamientos oficiales.
¿Contradicción?
El Gobierno es el primero que insta a la población a comprar vehículos eléctricos de cara a mejorar las emisiones. Sin embargo ellos han tenido que reducir sus planes de renovación de la flota de coches debido a sus altos precios.
Comisión Europea
La Comisión Europea ha revelado que una de las modificaciones solicitadas por el Gobierno español para ajustar el Plan de Recuperación es parar por completo la compra de vehículos eléctricos, o al menos en su totalidad, para los ministerios debido a su elevado coste.
De hecho, Bruselas ha aceptado una reducción del 20% en la renovación de la flota, tal y como ha solicitado el Ejecutivo desde España. En vez de comprarse 7.000 vehículos nuevos que originalmente se planeaban adquirir originalmente en el Plan de Recuperación que data de 2021, el Gobierno se limitará a comprar 5.500, según la documentación proporcionada por la UE. El Gobierno en cambio, ha decidido no hacerla pública. Esto significa que inicialmente habrá 1.500 vehículos menos con bajas emisiones en el Parque Móvil español.
Por si esto fuera poco, el Gobierno ha solicitado un aplazamiento de la inversión hasta finales de 2024, cuando el objetivo inicial era contar con la flota renovada de cara a septiembre del año que viene, es decir, tres meses antes.
Se alega como razón principal, o el menos en un infirme de la Comisión Europea al “aumento de costes de los vehículos”.
Origen
Esto tiene su origen en el Componente 11 sobre la “modernización de las Administarciones Públicas”, del Plan de Recuperación de 2021. En él la ministra de Hacienda y Función Pública, coincidiendo con la diputada del PSOE, Teresa Ribera, se comprometió a usar los fondos europeos para “la renovación de la flota de vehículos públicos (Parque Móvil del Estado y flotas de vehículos de los diferentes ministerios y su sector público institucional) hacia vehículos con etiquetado oficial de cero emisiones”.
Por tanto, el presupuesto asignado fue de 300 millones de euros, estimando la compra de 7.000 vehículos EV, así como la instalación de puntos de recarga en edificios públicos para poder cargarlos. En los inicios se estipuló un coste de entre 30.800 y 39.000 euros por vehículo sustituido, incluyendo la infraestructura de carga.
Equivocación
Según la documentación de Bruselas, el ministerio considera ahora que este presupuesto se quedó corto en un 20%, lo que lleva a la necesidad de reducir la ambición de renovación de la flota.
En total, la CE ha contado 52 cambios en el plan original de España. De hecho, fuentes del Gobierno admiten que ha sido necesario “adaptarse a las nuevas” y “ajustar el calendario”.
No obstante, el Gobierno ha explicado que la Comisión Europea ha encontrado una fórmula para permitir que la ejecución del plan se lleve más allá de 2026 sin vulnerar el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que en sus inicios obligaba a que los proyectos finalizaran ese mismo año.
Estrategia
Esta estrategia implica la creación de entidades públicas empresariales con balances propios a las que el Tesoro Público transferirá los préstamos antes del 2026. Para ese año se espera que se haya realizado la concesión de los proyectos, aunque estos no estén finalizados por completo, como podría ser una fábrica de baterías.
La medida ofrece un respiro importante para el Ejecutivo, que también cuenta con el retraso en la solicitud de los cuarto y quinto desembolsos de los fondos previstos para este mismo año 2023.
Desde el Gobierno de Sánchez argumentan que no han podido completar todas las reformas necesarias para solicitar el cuarto pago, de 10.000 millones de euros por culpa de las elecciones. No obstante, ahora a pesar de ser en funciones, podrá tramitar los cambios acordados una vez que el Consejo Europeo apruebe la Adenda a petición de la Comisión, para lo cual le queda un mes de plazo. Para el quinto plazo, hay que esperar a 2024.
