El primer objetivo de las multinacionales que operan en España es lograr una distribución libre de la jornada laboral de sus trabajadores. En este momento, existen una serie de trabas legislativas a esa libre disposición, aunque están muy debilitadas. Así, las compañías deben elaborar un calendario laboral anual previo, existe un tope de horas extras al año y unos períodos mínimos de descanso, aunque estos dos últimos extremos poseen una serie de excepciones en el decreto de Jornadas Especiales. La asociación de fabricantes quiere que se elimine ese tope de horas extraordinarias, lo que también dejaría sin efecto el aumento de costes que los interlocutores sociales acordaron en caso de que las empresas abusaran de estas horas de más. Anfac está a favor de que se impongan legalmente la doble escala salarial, un sistema que permite a las empresas diferenciar los sueldos de los empleados nuevos y los antiguos. Esto, en opinión de los sindicatos, es difícil que se aplique, ya que el Tribunal Constitucional no lo permitirá.Por último, los fabricantes desean que los proveedores dejen de ser empresas subcontratadas, lo que supondría diluir las responsabilidades de los empresarios respecto a los empleados de las firmas que suministran componentes.Desde el sector se señala que estas reformas no se aprobarán durante esta legislatura, pero esperan que el Gobierno que tome el poder a partir de 2004 se haga eco de sus peticiones. Para ello, harán valer que la automoción es una de las industrias más importantes del país (aporta el 10 por ciento del Producto Interior Bruto), pero que está amenazada por el traslado de la producción a otros países donde la mano de obra sea más barata.Mientras tanto, el sector de los componentes afronta un futuro problemático. Según un informe de la consultora Price Waterhouse Coopers, esta industria verá cómo el número de empresas importantes y de segundo nivel (las que abundan en nuestro país) sufrirá un descenso drástico de aquí a 2010. Para paliar los previsibles negativos efectos de este descenso, la central sindical UGT ha pedido al Ejecutivo que se cree un observatorio para el sector de los componentes y que se realicen políticas industriales activas.Según UGT, de haberse acometido estas medidas antes, se podrían haber evitado el cierre de algunas factorías, como es el caso de la planta de Lear en Zaragoza o Valeo en Barcelona. El sindicato está de acuerdo con la consultora en que la industria española de componentes afronte una mayor internacionalización.
El sector demanda mayor flexibilidad laboral al Ejecutivo
El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, declaraba hace unos días que el Gobierno estaba a favor de una mayor flexibilidad del mercado laboral en el sector del automóvil. No ha tardado mucho la patronal Anfac en subirse a este carro y ha presentado una serie de propuestas para la reforma del Estatuto de los Trabajadores, el marco legal por el que se rigen las relaciones laborales en nuestro país.
