El Ministerio de Fomento, que hace unos días anunciaba la supresión de peajes en algunas autopistas abre, a su vez, el debate del pago por uso general de las carreteras de cara al futuro. Y es que el ministro de esta cartera, José Luis Ábalos, ha asegurado que hay que buscar fórmulas para garantizar el mantenimiento de las autovías, que actualmente tienen un coste para el Estado español de 11.000 millones de euros y que se hace inviable porque cada vez hay más kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos.
El Gobierno confía en tener listo antes de que acabe esta legislatura, que como máximo se puede prolongar hasta junio de 2020, el nuevo modelo de pago por uso de determinadas autovías por las que hasta ahora se circula gratuitamente, con el fin de asegurar el mantenimiento de estas infraestructuras.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha expresado su convencimiento de que en el Parlamento existe “una amplia mayoría" para sacar adelante el pago por uso, a pesar de la “actual compleja composición de la Cámara", de forma que el nuevo modelo de financiación de las carreteras se cierre cuanto antes. “Si es posible, dentro de esta legislatura", ha dicho.
Peajes blandos o duros
El Gobierno quiere pasar de la reflexión a los hechos mediante la constitución de una subcomisión específica en el Congreso de los Diputados, en la que participarán el Gobierno, los responsables autonómicos, concesionarias y empresas del sector, expertos y todos los agentes implicados, “con el objetivo último de que el nuevo sistema sea fruto del mayor consenso" y se “elija la mejor forma", según ha indicado Saura. Dicha subcomisión deberá elegir cuál será la fórmula de pago, desde peajes blandos, peajes en la sombra o peajes puros y duros.
Por su parte, la patronal de constructoras y concesionarias, Seopan, ha propuesto la extensión de peajes a toda la red viaria de gran capacidad (autovías y autopistas) con concesiones a 25 años, lo que aportaría al Estado entre 60.000 y 110.000 millones de euros, dependiendo de las tarifas aplicadas. En consonancia con esta propuesta de la patronal, Saura ha admitido que en política de infraestructuras no se les ocurre “otra vía que no sea la inversión público-privada".
Sin embargo, Saura ha asegurado que el Ministerio de Fomento no tiene ningún modo definido, aunque ha reconocido que le parece bien la idea de “aquellos que dicen que hay que pensar sobre la financiación de las infraestructuras internalizando alguno de los costes. Lo que estamos planeando es que es necesario implantar un modelo distinto al actual, porque es injusto social y territorialmente, además de ineficiente".
