Las prioridades de la DGT en su nueva política de seguridad vial parecen estar cambiando y, tal y como ha confirmado en las últimas semanas el propio director general de Tráfico, Pere Navarro, en estos momentos el orden sería ya “primero el móvil, las distracciones; luego vendría el alcohol y, por último, la velocidad”. Es evidente que para las distracciones ya ha instalado Tráfico más de 230 cámaras de visión artificial que vigilan el uso del móvil en carretera, mientras que para la velocidad dispone de hasta 2.100 ubicaciones de radar confirmadas, una cifra que cada año se amplía. En este 2024 toca implementar nuevos radares de tramo.
Por eso, la nueva cruzada de la DGT se dedica especialmente al control de alcohol, que sube en importancia al tiempo que las cifras demuestran que se ha convertido ya en la causa principal del 29% de los accidentes mortales, generando hasta 59.000 condenas penales por conducir con más del doble de la tasa máxima permitida.
La DGT y el Ministerio del Interior prohibirán los avisos de controles policiales
En esa lucha, los controles de alcohol y drogas son vitales, y se multiplicarán, pero la DGT ha decidido poner el foco principal también en otro problema: los avisos de controles que se expanden ya por toda España y que van a generar en los próximos meses cambios normativos y de legislación con el objetivo de prohibir conductas que desde Tráfico se consideran de gran riesgo.
Y es que, empezando por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como sobre todo terminando por el director de la DGT, Pere Navarro, las autoridades ya han confirmado que se perseguirá a los conductores que lleven estas prácticas a cabo. “Tenemos el encargo de llevar la prohibición a la legislación y lo vamos a hacer”, ha confirmado el Director General de Tráfico, lamentando también que, aunque “se resiste a que la única forma de resolver este tema sea, otra vez, llevarlo a la prohibición con la sanción correspondiente, seguro que habrá que hacerlo”.
El origen del problema nace de Galicia y se expande ya por toda España
En el origen del problema la DGT apunta directamente ya a una comunidad autónoma concreta, que es desde donde se estaría expandiendo el problema. Según Pere Navarro, estos grupos de avisos de controles “han aparecido en Galicia y se están extendiendo en algunas otras zonas del Estado. Son grupos de WhatsApp o de Telegram de 300 personas que se avisan de dónde está el control de alcoholemia”.
Para Tráfico, estas prácticas estarían además generando dos problemas: “el primero, que la Guardia Civil cada 20 minutos tiene que cambiar los puntos de control de alcoholemia; pero es que, además, alguien que ha bebido cuando ve que aquí hay un control, va a coger otra carretera y puede causar un accidente importante y grave. Y aquel que ha informado del control de alcoholemia, va a ser el responsable de aquellas dramáticas consecuencias por haber avisado”.
El problema en Galicia está incluso yendo a más y ya se aborda también jurídicamente por otros medios legales hoy día a la espera de que la DGT introduzca cambios legales por lo que pueda ser sancionado según leyes de seguridad vial. Así, la subdelegación del Gobierno en A Coruña ya ha emitido las primeras resoluciones ante estos avisos de controles, primero contra una empresa que gestiona una gran aplicación que informa de controles y operativos de vigilancia en carretera, y segundo contra un particular de la provincia gallega que gestiona grupos de WhatsApp con más de 15.000 usuarios que alertan de presencia policial y controles en la Costa da Morte.
De la Ley de Seguridad Ciudadana a la de Seguridad Vial
Estas primeras resoluciones se estarían ya efectuando en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana que califica como “infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”.
La DGT, sin embargo, y como ya hemos apuntado, se encuentra ya “estudiando jurídicamente cómo abordar” este problema a través de la ley de Seguridad Vial. Según ha trascendido, el objetivo del Ministerio del Interior sería ejecutar el nuevo plan en dos fases: en la primera, persiguiendo primero y directamente a las propias aplicaciones y administraciones en redes sociales y grupos de WhatsApp; y en la segunda dirigiéndose ya más concretamente a la denuncia a los propios usuarios que compartan o alerten de los puntos exactos de alcohol.
