En España comienza a hablarse ya oficialmente de multas progresivas de tráfico, un modelo sancionar que lleva ya años aplicándose con éxito en países como Finlandia, Dinamarca, Suiza o Reino Unido, y con estudios que avalan una reducción importante en la reincidencia de algunos tipos de infractores. Esta realidad no significa, de momento, que vaya a aprobarse a corto plazo un plan de este tipo, pero al menos por primera vez entra en el debate político.
Sumar realizó ya una propuesta en el Congreso para multas progresivas por renta
El encargado de iniciar el ruido en torno al pago de multas de tráfico en función a la renta de los infractores ha sido el partido político Sumar. Como te contamos hace un año, este grupo presentó ya en el Congreso de los Diputados una iniciativa de Proposición de Ley para modificar el artículo 81 de la Ley de Tráfico a modo que se puedan establecer diferentes cuantías en las sanciones de acuerdo con la capacidad económica del infractor.
Ya entonces, la propuesta de Sumar contemplaba multas progresivas ajustadas al nivel de la renta, y no a la gravedad de la infracción, como hasta ahora, con el compromiso de llegar a aumentar hasta en un 500% la cuantía de las sanciones, por ejemplo, para los infractores cuyos ingresos brutos anuales superen los 100.000 euros. Esa sería la escala superior, pero por debajo las multas serían un 150% más caras para infractores con ingresos brutos anuales entre 70.000 y 85.000 euros y se incrementarían ya también en un 300% si los ingresos brutos anuales oscilan entre los 85.000 y los 100.000 euros.
Pere Navarro comparte la idea, pero la ve muy compleja de implementar
Pues bien, ¿por qué volvemos hoy a traer de actualidad la propuesta de multas progresivas? Porque, según informa hoy el portal Libertad Digital, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha valorado en los últimos días esta propuesta en una reciente comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.
Allí, el máximo responsable de la DGT habría asegurado su postura favorable a esta medida, así como al endurecimiento general de las penas además para los grandes excesos de velocidad, confirmando directamente que “comparto la idea de las sanciones en función de la renta”. Eso sí, posteriormente matizando también que “sobre la sanción en función de la renta, la idea la podemos compartir, pero en estos momentos la complejidad para meterse en un tema de estos es inmensa. Tampoco debe ser fácil que nos den a la DGT la declaración de la renta de todos los ciudadanos y también está la idea de que esto de corregir las desigualdades lo hace el Ministerio de Hacienda a través de la declaración de la renta. Esto es el sistema fiscal de que el que más tiene más paga, y el que menos tiene menos paga. La idea está bien, la idea la comparto, pero veo una complejidad importante".
Parece por tanto desprenderse de estas declaraciones que, aunque teóricamente la idea es buena, ahora mismo la DGT no se plantea un cambio ni es una prioridad en la política sancionadora del máximo organismo de Tráfico en nuestro país.
Multas que arruinan y multas que son calderilla
Por su parte, Sumar continúa pidiendo el estudio de esta medida, ya que, según su diputado Enrique Santiago, “no puede ser que una multa de tráfico arruine el mes a la mayoría de la gente y que, para unos pocos, la misma multa sea calderilla. Infringir las normas de tráfico debe tener las mismas consecuencias para todo el mundo independientemente de su capacidad económica. Quienes cuentan con poco deberían pagar menos, quienes cuentan con mucho, más”.
Sumar concluye su exposición reconociendo que “pagar una multa de 100 euros no supone el mismo esfuerzo para quien cobra más de 5.000 euros que para quien cobra el salario mínimo”. Y además consideran también que, del mismo modo, deberían determinarse las reducciones en las multas, proponiendo que sean del 30% para quienes perciban unos ingresos de hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, mientras que para los que acrediten salarios de entre 1,5 y 2,5 veces el SMI obtengan una reducción del 15 por ciento.
