Las incesantes críticas del sector automovilístico y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya revocados y retirados han hecho cambiar la actitud del Gobierno frente a sus nuevas estrategias en lo concerniente a una movilidad más sostenible y eficiente. El proyecto de Ley de Cambio Climático, que anunciaba la prohibición de vender vehículos Diesel y gasolina a partir de 2040 y de circular con cualquier vehículo movido por combustibles fósiles de 2050 en adelante, aún no ha sido aprobado, mientras que el nuevo Impuesto al Diesel, que estaba previsto aprobar a lo largo de estos primeros meses de 2019, también ha quedado en el aire después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no sacara adelante los PGE. Con este contexto, se ha apreciado durante los últimos días un cambio de actitud en el Gobierno de nuestro país respecto al Diesel y respecto al resto de vehículos impulsados con motores de combustión.
Hace unos días, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró en una charla organizada por Faconauto que los coches Diesel y gasolina serán una realidad durante mucho tiempo. El cambio de actitud hacia una posición más conciliadora se acaba de ver plasmada a través de la contestación por escrito del Gobierno a la pregunta del diputado del grupo parlamentario de Ciudadanos, Rodrigo Gómez: ¿cómo tiene previsto el Ejecutivo abordar la falta de certidumbre jurídica en el sector de la distribución de automóviles?, una cuestión registrada en la mesa del Congreso de los Diputados.
En estos términos, el Gobierno ha señalado la necesidad de una transición "ordenada" hacia nuevos modelos de movilidad en los que se requiere el trabajo conjunto desde tres "prismas fundamentales": la economía, la sociedad y el medio ambiente. El Ejecutivo ha añadido la necesidad de nuevos proyectos de inversión que apuesten por la responsabilidad medioambiental que a su vez generen nuevos puestos de trabajo.
El Gobierno ha incidido en que está trabajando y en continuas conversaciones con el sector de la automoción en nuestro país para sacar adelante el Acuerdo Estratégico para una Movilidad Sostenible y Eficiente. El Ejecutivo también ha manifestado que se establecerá en la industria del automóvil un consejo en el que participarán el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio la Transición Ecológica, las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto), vendedores (Ganvam), proveedores (Sernauto) e importadores (Aniacam), así como los sindicatos UGT y CC.OO.
En cuanto a la posible revisión fiscal de algunos impuestos que gravan al automóvil, el Ejecutivo quiere continuar trabajando con el objetivo de afrontar una fiscalidad 'verde' que favorezca la reducción de las emisiones contaminantes. Varias patronales de la automoción y varios fabricantes de automóviles vienen clamando desde hace ya mucho tiempo la necesidad de suprimir el Impuesto de Matriculación a la vez que se cambie el enfoque del Impuesto de Circulación, que debería estar orientado al uso del vehículo y no a la compra, con el fin de seguir la máxima de que "quien contamina paga".
