No, de momento podemos tranquilizarnos: la iniciativa no se implementará en España. La medida del copago llega directamente de Alemania, de la importante ciudad de Essen, la novena más grande del país germano, con casi 600.000 habitantes y considerada un centro industrial de primera magnitud en Europa. Allí, muy pronto, las ambulancias comenzarán a emitir facturas.
En concreto, esta realidad sucederá a partir de enero de 2026, cuando los pacientes tendrán que pagar de su bolsillo unos 267 € al llamar a urgencias ante un accidente de tráfico. Las compañías de seguros médicos ya no cubrirán los costes íntegramente, en parte porque ya no reconocerán los llamados “desplazamientos innecesarios”. Se trata de llamadas en las que no se realiza el traslado a un hospital porque la atención local es suficiente, o no se confirma directamente una emergencia aguda.
La vacilación puede llegar a costar vidas
La gran duda y la polémica que se está generando en Alemania tiene que ver con una pregunta de difícil respuesta: ¿Quién puede juzgar con certeza si la emergencia es real o no, así como su gravedad justificada o no? Un profano difícilmente podría. La decisión de si una situación pone en peligro la vida o no, no recaerá en quien llama a los servicios de emergencia, sino en el personal médico capacitado.
Nadie podrá así por tanto afirmar con certeza si, por ejemplo, el mareo, la dificultad para respirar o el dolor repentino son inofensivos o indican un evento más grave desconocido por el propio paciente. Para eso están precisamente los servicios médicos de emergencia: para brindar asistencia rápida y de fácil acceso cuando unos simples minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
En Essen, la ciudad que implementará esta iniciativa del copago, se llamaron a los servicios de emergencia unas 140.000 veces el año pasado, es decir, con un promedio de más de 400 llamadas al día. Tras cada una de estas llamadas de emergencia se esconde un momento de incertidumbre, a menudo incluso de miedo. Si ya se piensa en los posibles costes, esto sin duda podría cambiar el comportamiento de las personas.
Quienes creen que se les cobrará tras una llamada de emergencia podrían dudar y, en el peor de los casos, reaccionar demasiado tarde a la petición de auxilio. Por supuesto, las aseguradoras de salud también están bajo presión. Los gastos aumentan, los ingresos se estancan y las primas suben constantemente. Pero cuando las aseguradoras trasladan sus déficits financieros a los municipios, y estos a su vez trasladan los costes a los ciudadanos, se pierde el propósito mismo de los servicios médicos de emergencia. Su objetivo es generar seguridad, no inseguridad.
La confianza se pierde
No se trata así de buscar culpables. El conflicto entre las aseguradoras de salud y los municipios es complejo, y el marco legal, confuso. Pero el mensaje al exterior es inequívoco: los ciudadanos se sienten abandonados, y municipios como Essen en Alemania han decidido verse obligados a asumir un papel que nunca quisieron: decidir el valor de una llamada de emergencia.
Lo que se necesita ahora en Alemania, según informan nuestros compañeros de Auto Motor und Sport, no es una decisión municipal sobre dificultades, como propone Essen. Lo que se requiere en Alemania es un compromiso político a nivel nacional. El gobierno federal debe garantizar que la financiación de los servicios médicos de emergencia esté claramente regulada. Los costes de los despliegues, con o sin transporte, deben ser una responsabilidad compartida del sistema sanitario. Solo así se podrá mantener el principio de solidaridad, en el que se basa el sistema sanitario alemán, que es notablemente diferente al español: allí, cada uno paga según su capacidad de pago y recibe ayuda según sus necesidades.
Si en el futuro una persona tiene que preguntarse en Europa si puede permitirse llamar a los servicios de emergencia, creemos que el riesgo es evidente. Y se mermará la confianza en un sistema que en realidad se supone que debe proteger vidas.
