La Fiscalía especializada en delitos de seguridad vial ha impulsado el cumplimiento de las penas por infracciones de tráfico mediante trabajos sociales. El objetivo es acercar a los infractores a las víctimas de accidentes de tráfico para que se conciencien de las graves consecuencias derivadas de una conducción irresponsable y temeraria. A través de convenios con asociaciones y centros sociosanitarios por parte de la fiscalía, los infractores cumplirán horas de trabajo social en hospitales, Cruz Roja o incluso en los domicilios.
Estas medidas de reinserción vial se combinarán con fuertes sanciones que ayuden a crear una conciencia social en pro de la conducción segura y responsable; además, el fiscal ha propuesto que se incluyan programas de desintoxicación para los conductores penados por circular bebidos. Sin embargo, Vargas Cabrera, fiscal de la seguridad vial, reconoce que aún faltan medios materiales para poner en práctica estas medidas, aunque asegura que serán viables en un futuro muy cercano.
En relación a estas propuestas, se aprobaron ayer 18 enmiendas presentadas por CIU, en consenso con el PSOE, entre las que se destaca la creación de secciones especializadas en delitos de tráfico y seguridad vial en las Fiscalías Provinciales, siempre que el volumen de las infracciones requieran una mayor actuación. Esto se traduce en un aumento de fiscales expertos en seguridad vial, lo que permitirá agilizar la tramitación de estos delitos que en la mayoría de los casos no son tratados por fiscales especializados.
El pasado 29 de abril siete jóvenes de entre 18 y 24 años eran detenidos por organizar una carrera ilegal en la localidad madrileña de Coslada.
Mientras dos turismos de gran cilindrada competían en el Centro de Transportes de la localidad, otros de menor potencia cortaban las calles aledañas. A pesar de que se dieron a la fuga, la policía pudo identificarles gracias a las cámaras de seguridad. Los detenidos afrontan penas que oscilan entre los seis meses y los dos años de prisión, así como la suspensión del permiso de conducir de uno a seis años. Estas penas podrían reducirse con el cumplimiento de los trabajos sociales propuesto por la fiscalía.
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